Adriana Pichardo, diputada de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, alzó este jueves su voz por los 363 presos políticos a quienes el régimen de Maduro pretende trasladar a cárceles comunes, medida que tildó de ilegal y violatoria de los derechos humanos.
La parlamentaria rechazó el decreto de Nicolás Maduro que transfiere la custodia de los presos que se encuentran en el Helicoide y el Sebin al Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Precisó que en Venezuela hay 363 presos políticos. De ese total, 159 son militares y 204 civiles. «Todos los presos políticos tienen consigo la huella de la tortura y los tratos crueles e inhumanos. Por lo tanto, trasladar a un prisionero político de un lugar a otro, no borra la huella de la tortura», indicó.
Sostuvo que tras esta medida se esconde la intención política de «lavarle la cara» a cientos de personeros del régimen que violan derechos humanos, ya que Venezuela está bajo una investigación de la Corte Penal Internacional por las denuncias de torturas y tratos crueles.
«No lo van a lograr porque además está documentado a nivel mundial. No pueden borrar los testimonios ni los expedientes de las víctimas. Esta medida es ilegal ya que cualquier privado de libertad para ser trasladado necesita una orden de un tribunal. Cosa que no ha ocurrido hasta el momento», explicó.
Pichardo detalló que el miércoles 19 de mayo fueron trasladados Darío Estrada, Rigoberto Moreno, Robert Franco, Juan Carlos Ochoa, Argenis Utrea, Julia César Sánchez y otro recluso que aún no ha sido identificado.
«La experiencia de un preso político en cárceles comunes es totalmente peligrosa. Mueren de enfermedades y los otros presos los toman como rehenes. No hay condiciones en las cárceles venezolanas. No hay condiciones de salud ni alimentos», concluyó.