Fuentes ligadas a la aerolínea española Plus Ultra informaron que la compañía aérea -ligada al chavismo- está compensando la falta de vuelos regulares de pasajeros con más operaciones de carga y chárter, ya que la pandemia aún impide que puedan realizarse viajes con normalidad a los países.
Con esta acción, según reporta EFE este sábado 11 de septiembre, Plus Ultra está cumpliendo con todas las previsiones que se establecieron a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que se le pudiera girar el préstamo de rescate de 53 millones de euros, el cual fue cuestionado por varios partidos políticos.
En la actualidad, la aerolínea ejecuta 32 vuelos chárter mensuales de larga distancia, unas cifras que prevé mantener hasta fin de año y tiene asegurada su continuidad para 2022, esperando que las mismas se puedan incrementar dependiendo de las peticiones y la operatividad que tengan.
Plus Ultra vuela a destinos como Perú, Ecuador, Guayaquil y Venezuela, aunque en el caso de nuestro país hay una investigación en curso debido a que las autoridades solo permiten vuelos humanitarios y la empresa estaba fletando aviones como si fuera la ruta Madrid-Caracas una de las permitidas para volar regularmente; una restricción que se tiene desde que inició la pandemia,
La compañía prevé operar a partir del próximo verano 66 vuelos semanales de larga distancia, siempre y cuando las restricciones por la covid-19 hayan sido levantadas, y superar en su año fiscal 2022 los 183.000 pasajeros, mejorando la cifra de 173.396 alcanzada en 2019.
El Ministerio de Transportes de España, ahora a cargo de Raquel Sánchez tras la salida de José Luis Ábalos -cuyo nombre está vinculado al Delcygate-, evitó calificar de «necesario» el rescate de la aerolínea Plus Ultra, luego que fuera preguntado directamente al respecto por la calificación que había dado con anterioridad la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
De acuerdo al portal Vozpópuli publicada el 8 de septiembre, el Ejecutivo español respondió que la AESA está en «evaluación permanente» de la capacidad financiera y económica de quienes tienen las licencias concedidas por las autoridades para poderlas explotar.
El memo de respuesta emanado desde las autoridades indica que la principal responsabilidad de la AESA es «garantizar la seguridad aérea» y «la supervisión económica y financiera» que realiza la misma tiene como meta «garantizar que las compañías aéreas disponen de la capacidad financiera suficiente para asegurar que la operativa se efectúa con la debida seguridad operacional».
La aerolínea Plus Ultra tiene prevista la recuperación de una de las aeronaves que había entregado como forma de pago a los inversores, cancelando un monto de nueve millones de euros para comprarlo, señaló Vozpópuli.
Se trata de un A340-300 con matrícula MQM y con más de 20 años de vida, aunque la aerolínea la compró en 2018 y de la que se prevé llevar al desguace cuando llegue la próxima gran revisión de la nave en 2025. Por otro lado, la compañía aérea se ha comprometido ante el Gobierno español a cambiarla en 2024 por un A330.
Esta nave fue entregada por Plus Ultra con una emisión de deuda en 2019 por el orden de 10 millones de euros y ahora la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le pidió que aclarara los detalles de la emisión de dichos bonos.
En medio de la vorágine en la que se ha visto envuelta la aerolínea Plus Ultra por la investigación que se le sigue y la posible confiscación de sus aviones, el consejo de administración de la línea aérea española decidió sacar al empresario venezolano Pedro Antonio Borquez Tarff, quien fue uno de los que aportó dinero cuando en 2018 se decidió ampliar el capital de la compañía con 1,2 millones de euros.
Borquez Tarff había sido nombrado por unanimidad como consejero de la aerolínea por un periodo de seis años, es decir, desde que entró a Plus Ultra en 2018, hasta el 2024.
De acuerdo al portal Vozpópuli, Borquez Tarff aparece en los «Paradise Papers». El venezolano figura como directivo de la sociedad Ann Melkin Corporation, creada en Barbados en el año 2009, y que de acuerdo a los documentos, no hay fecha límite para el cese de la misma.
El portal refiere que junto al empresario venezolano había otro inversor oriundo de nuestro país y que está presente en los «Panamá Papers», Héctor Tobías Roye. Este, sin embargo, no llegó a entrar en el consejo de administración de la compañía.
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