Las sentencias dictadas por el írrito TSJ, en procesos en los que no se cumplió ninguna garantía procesal, se enmarcan en una estrategia política del régimen de facto para confeccionar una oposición a medida y conveniencia, poniendo a la cabeza de las principales organizaciones políticas a personas que no representan la voluntad de las bases de esas organizaciones.
Estas decisiones son violatorias de los Derechos Humanos en la medida que transgreden el derecho a la libre participación política y en asuntos públicos, a la libertad de asociación con fines políticos, al sufragio activo y pasivo y al debido proceso; todos derechos protegidos a la luz de instrumentos internacionales – entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos – y por la Constitución.
Estas decisiones han tenido un rechazo contundente por organismos internacionales tales como la Unión Europea , la Unión Interparlamentaria , el Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima.
El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Victimas condena enérgicamente las mencionadas sentencias, que buscan anulación de los partidos políticos que se traduce en una manifestación más de la completa ausencia de Estado de Derecho y garantías democráticas en nuestro país producto de la violencia institucional de la usurpación. Reafirman que el TSJ ilegítimo se ha convertido es un instrumento político al servicio de los intereses del gobierno de facto contribuyendo a generar un clima de mayor confrontación política en el país. Al colocar la justicia al servicio de intereses particulares aumenta igualmente la indefensión de los ciudadanos y se crean condiciones más favorables para la vulneración de los derechos humanos.
Expresamos con mucha responsabilidad que los partidos políticos son los principales puntas de lanza de las democracias a través de los cuales las personas pueden expresarse politicamente sin que se le pueda discriminar
Dado que los partidos políticos cumplen un papel fundamental en la esfera pública, asegurando el pluralismo y el correcto funcionamiento de una democracia, la existencia en favor de los partidos políticos significa que toda restricción debe encontrarse estrictamente justificadas con arreglo a la proporcionalidad y a la necesidad en una sociedad democrática.
Instamos, asimismo, a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, a la Relatoría Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación para Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, que se pronuncien sobre este nuevo ataque, por demás reprochable, en contra de las fuerzas democráticas de Venezuela.
Nota de Prensa