La justicia argentina abrió una investigación penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad en el marco de las protestas contra su gobierno en 2018 que dejaron más de 300 muertos, miles de heridos, así como exiliados.
Junto a ellos también se investigará a otros actores, como Néstor Moncada Lau, asesor privado del presidente; Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua; Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura.
Pero también Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, exministra de salud y Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central.
Darío Richarte, profesor en Derecho Penal Internacional en la Universidad de Buenos Aires, es uno de los abogados que denunció a Ortega y Murillo. El experto explica en entrevista con la Voz de América el alcance que tendría esta investigación y en caso de comprobarse las acusaciones, si podría detener y juzgar a los implicados.
Richarte asegura que la investigación es compleja, porque los hechos ocurren fuera del territorio de Argentina y se requiere de la colaboración de la comunidad internacional.
El juez federal argentino Ariel Lijo, quien lleva el caso, considera que la justicia de su país está facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otras naciones, ya que la Constitución reconoce el principio de jurisdicción universal.
En ese sentido Richarte dice que se deberán requerir informes a los organismos internacionales de Derechos Humanos que vienen tomando cartas en el asunto, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Además, según, Richarte, hay Organizaciones No Gubernamentales que también han hecho sus investigaciones y fueron convocadas a aportar los datos y la información con la que cuentan.
Richarte señala que con esos informes, el paso siguiente será recabar las declaraciones de las víctimas y testigos para poder formalizar la imputación contra los responsables.
Como primera medida, el juez argentino a cargo del caso, dispuso el envió de un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas sobre detenciones ilegales de personas.
Pero esto solo es un requisito de trámite, explica Reichel, ya que el juez tiene que garantizarse que los hechos que está investigando no estén en otra jurisdicción, así que el exhorto es un paso necesario.
Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma
Al preguntarse solo el alcance de la justicia argentina, pese a que Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma, el cual investiga crímenes de genocidio; crímenes de lesa humanidad; crímenes de guerra, el abogado explica que eso no significa que los hechos no puedan ser juzgados ante la Corte Penal Internacional.
“El propio Estado Nicaragüense reconoce la jurisdicción internacional para crímenes internacionales en su Código Penal, y el Estado argentino la tiene reconocida en la Constitución Nacional. Esas herramientas nos permiten justificar el accionar de la justicia federal argentina para que investigue estos hechos porque no están siendo investigados en otra jurisdicción y porque no pueden ser juzgados ante la Corte Penal Internacional”, dice Reichel.
En Argentina se han investigado y se investigan crímenes internacionales ocurridos en China contra los practicantes del Falun Gong y contra el pueblo Uigur, también crímenes cometidos por el régimen de Franco en España y en Myanmar contra el pueblo Rohinyá.
“Cada uno de esos procesos están en instancias diversas y algunos fueron remitidos a otros estados que también estaban llevando adelante investigaciones similares para no duplicar los esfuerzos”.
Human Rights Watch: «Es importantísimo lo que ocurre»
Algunos defensores de derechos humanos celebran este proceso investigativo. Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, una organización de derechos humanos, señala a la Voz de América que en Nicaragua, la justicia está cooptada por el presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo, y no hay ninguna expectativa o posibilidad de que las víctimas tengan justicia.
En este contexto, señala que es importantísimo explorar de manera creativa distintas alternativas para poder llevar a los responsables ante la justicia.
“En el caso de Nicaragua, la posibilidad de iniciar procesos penales por jurisdicción universal, que es como lo que está ocurriendo en Argentina hoy, es importantísimo para explorar porque lo que hace es darle esperanza a las víctimas de que habrá rendición de cuenta y justicia por los abusos. La realidad es que existe evidencia de que en Nicaragua se han cometido crímenes contra la humanidad”, sentenció Taraciuk.
Nicaragua ¿Casa por cárcel para Ortega y Murillo?
Pineda alerta de que de prosperar esta acción, lo que va a ocurrir es que se puede solicitar la extradición a los acusados y “Nicaragua se puede convertir en la cárcel de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
Según el experto, la salida del país de la pareja en el poder a un territorio, aunque sea de tránsito, este tercer país tendrá la obligación, si lo requieren así las autoridades argentinas, de extraditar a Ortega y Murillo “por crímenes de lesa humanidad, así como ocurrió justamente con Augusto Pinochet en su paso por Londres en 1988 cuando fue requerido por autoridades españolas”.
En eso coincide Richarte, uno de los abogados que denunció a Ortega y Murillo y quien menciona que se podría extraditar a la pareja en el poder “en caso que el juez obtenga todos los elementos para formalizar la imputación y que no comparezcan a la citación que se les curse”.
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