El Principio de Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en inglés), invocado para el caso de Venezuela, expresa la responsabilidad que tienen los Estados y la comunidad internacional de proteger a las personas frente a cuatro tipos de crímenes: genocidio, crimen de guerra, limpieza étnica y crimen de lesa humanidad. La R2P surge en la Resolución Final de la Cumbre Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2005 (A/RES/60/1), cuyos parágrafos 138 y 139 enuncian el deber de los Estados y la comunidad internacional de proteger a las personas ante estos cuatro tipos de crímenes.
Lo particular del caso venezolano radica en que la debilidad institucional del Estado fue deliberadamente propiciada y, sobre todo, enmascarada hábilmente bajo mecanismos democráticos
En 2009, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, presentó el informe titulado «Implementar la responsabilidad de proteger», aprobado mediante la resolución A/63/677, que desarrolla sus pilares y plantea algunos retos para su aplicación. El Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional) es de referencia obligada, pues define el genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra (artículos 6 al 8). Es un principio de reciente formulación, aún en construcción y, por lo tanto, perfectible.
Al ser el caso venezolano complejo e inédito brinda lecciones para perfeccionar su aplicación, a la luz de los tres pilares de la R2P: responsabilidad primordial del Estado, asistencia y ayuda internacional para la construcción de capacidades y respuesta internacional oportuna y decisiva.