Como candidato presidencial, el año pasado Joe Biden criticó las políticas restrictivas sobre migración de la Administración Trump y se comprometió a promulgar una reforma integral que reafirmaría el compromiso de Estados Unidos con los solicitantes de asilo y los refugiados. A punto de culminar el primer año de mandato de Biden, su historial en materia migratoria demuestra tanta continuidad como cambio.
Quizás su desviación más visible de la administración anterior está en la orden de detener la construcción del muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México poco después de asumir el cargo.
Pero gran parte de la arquitectura de la política migratoria de los años en los que Donald Trump estuvo al frente de la Casa Blanca continúa.
El ejecutivo de Biden ha conservado el Título 42, una política relacionada con la pandemia que exige la rápida expulsión de migrantes como medida de precaución de salud pública, incluso cuando Estados Unidos abrió sus fronteras terrestres a México y Canadá.
Además, una orden de un tribunal federal obligó a restablecer la política de la administración anterior, conocida como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), que mantenía a los solicitantes de asilo en el lado mexicano de la frontera mientras esperaban las fechas de los tribunales de inmigración de Estados Unidos.
Los defensores de los migrantes sostienen que Biden ha agregado algo de humanidad al sistema de inmigración de Estados Unidos, pero no le atribuyen mucho más.
“Le pedimos a esta administración que [ponga fin] al MPP, al Título 42, que libere a los niños y familias detenidos y que comience a cambiar no solo la narrativa, sino que tenga una estrategia más proactiva para reconstruir el proceso de asilo en la frontera”, comentaba Fernando García, director de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos en el El Paso, Texas. “Pero en la práctica, todavía podemos ver algo del tipo de legado de Trump en la frontera. Eso no ha cambiado y estamos decepcionados de que todavía esté sucediendo”, agregó al respecto.
Solicitantes de asilo y frontera entre EE. UU. y México
Además de frenar en seco la construcción del muro fronterizo, que se convirtió en el proyecto insignia del expresidente Trump, Biden ordenó que se suspendiera el MPP, más conocido como ‘Permanecer en México’, poco después de su investidura en enero.
Texas, un estado liderado por republicanos que limita con México, demandó al Gobierno de EE. UU. para mantener la política en vigor. En agosto, un juez federal dictaminó que el Ejecutivo de Biden había terminado indebidamente con la política y ordenó su reinstalación. El Tribunal Supremo avaló la restitución del programa.
“Luché para proteger nuestra frontera sur y gané. No permitiré que la seguridad de los residentes de Texas quede a merced de un presidente imprudente”, celebró el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado.
Mientras apelaba el fallo, la Administración Biden reinstauró el MPP el 6 de diciembre, luego de que México accediera a recibir a los migrantes retornados.
Refugiados
Durante los cuatro años de Trump en el cargo, el techo anual para las admisiones de refugiados estadounidenses se redujo drásticamente de 85.000 a 15.000.
Biden inicialmente mantuvo el límite de refugiados en 15.000, el más bajo en la historia moderna de Estados Unidos, lo que provocó protestas de los aliados demócratas en Capitol Hill. En mayo, la Administración cambió de rumbo y elevó el techo a 62,500 (las admisiones de refugiados de Estados Unidos totalizaron solo 11.411 para el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre).
Desde entonces, la Administración ha elevado el límite de refugiados de 2022 a 125.000. Sin embargo, las admisiones reales continúan rezagadas y la Casa Blanca ha admitido que la “meta (de 125.000 admisiones) será difícil de alcanzar” a pesar de la determinación de Biden de “reconstruir” el programa y renovar “el compromiso de Estados Unidos de proteger a los más vulnerables y mantenerse firme como faro de libertad y refugio del mundo”.
Prioridades de ejecución
Si bien la migración sin precedentes a la frontera entre Estados Unidos y México ha recibido una gran atención durante el primer año de Biden en el cargo, los investigadores dicen que poco ha cambiado en la forma de hacer cumplir la ley federal en la frontera.
Según Bolter, los “cambios realmente dramáticos” se ven en la aplicación de la ley interior y en cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han vuelto a priorizar los arrestos para centrarse en inmigrantes indocumentados que representan una amenaza para la seguridad nacional la seguridad pública. Durante el mandato de Trump, cualquier inmigrante que viviera en Estados Unidos sin autorización podía estar sujeto a arresto y deportación.
Migración legal
Después de más de un año de cierres, las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo han reabierto para citas de visas de inmigrante y no inmigrante. Sin embargo, debido a la continua pandemia de COVID-19, estos servicios siguen siendo limitados.
En noviembre, el Departamento de Estado anunció que más de 460.000 personas están esperando entrevistas, lo que se suma a una gran cantidad de personas que buscan solicitar la residencia legal en Estados Unidos.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia responsable del sistema de naturalización de EE. UU., ha realizado cambios bajo la actual presidencia.
La agencia reemplazo la palabra “alien”, que algunos consideran peyorativa, por “no ciudadano” o “no ciudadano indocumentado” en sus publicaciones y se comprometió a hacer que los formularios de inmigración sean “más precisos, oportunos y más fáciles de entender”.
Legislación migratoria estancada
En su primer día en el cargo, el presidente Biden dio a conocer una amplia reforma migratoria, la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021, que incluía un camino de 8 años hacia la ciudadanía para los aproximadamente 11 millones de indocumentados en EE. UU.
El proyecto de ley aún no ha sido votado por la Cámara de Representantes o el Senado y se considera casi muerto de antemano en el Capitolio.
Por separado, los demócratas del Senado han buscado repetidamente agregar elementos de reforma migratoria a un proyecto de ley de gasto masivo de la red de seguridad social. En cada caso, se dictaminó que las medidas de inmigración no pertenecen a los proyectos de ley de gastos que pueden aprobarse en la Cámara con una mayoría simple de votos.
Como resultado, la legislación de reforma necesitará el respaldo de una mayoría de tres quintas partes para avanzar en el Senado de 100 miembros donde el caucus demócrata tiene solo 50 miembros y los republicanos están unidos en oposición a las propuestas de reforma de los demócratas.
Voz de América