El enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, afirmó el pasado 14 de febrero que el gobierno liderado por Nicolás Maduro obstaculizó su acceso a centros de detención y alteró frecuentemente su itinerario durante su estadía de dos semanas en la nación.
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«Respecto a los centros de detención, el Gobierno no me permitió que fuera y, sencillamente, las autoridades estaban cambiando mi agenda de forma constante y muchas veces no sabíamos a dónde ir», dijo el relator en una conferencia de prensa.
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A pesar de este rechazo, Fakhri describió la situación de los individuos privados de libertad, sin detallar las fuentes de información empleadas ni indicar si proporcionará nueva información durante la presentación de sus hallazgos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo próximo.
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En este contexto, expresó una preocupación «grave» por la seguridad alimentaria de los reclusos, especialmente por las condiciones en las que se encuentran aquellos en los centros de detención preventiva, que albergan casi el doble de personas de su capacidad, según un reporte divulgado la semana pasada por la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVL).
Son centros «temporales que no incluyen instalaciones para alimentarlos. Las autoridades no proporcionan a los detenidos ninguna comida, agua, baño o atención sanitaria», dijo Fakhri.
Con información de: Monitoreamos