La Corte Penal Internacional (CPI) podría instalar una Comisión de Investigación para ofrecer atención directa a las víctimas, si el régimen de Nicolás Maduro no responde por los crímenes de lesa humanidad, informó el Bloque Parlamentario Republicano de la Asamblea Nacional legítima, liderado por la diputada Delsa Solórzano.
Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional legítima, reveló que la comisión estaría conformada por miembros de la misma CPI y señaló que al estar abierta una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, las víctimas tienen derecho a declarar y a exponer sus condiciones, y al parecer, eso es lo que está ocurriendo.
Los funcionarios de la CPI, según aseguró, no tienen que pedir permiso para su entrada al país. ¿El motivo? Según el Estatuto de Roma ni el Fiscal Khan ni ninguno de los funcionarios de la CPI necesitan una autorización del régimen para entrar a Venezuela. “Eso es una diferencia notable entre este procedimiento y la visita de cualquier otro organismo internacional”, resaltó.
La diputada enfatizó que el plazo de tres meses anunciado por la CPI, es para que el régimen responda por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y demuestre que está investigando y aplicando justicia contra los responsables involucrados, que en su mayoría, son funcionarios del Sebin, Dgcim, PNB, colectivos paramilitares y otros órganos represores.
La parlamentaria afirmó que el Memorándum de Entendimiento suscrito entre el régimen de Nicolás Maduro y el Fiscalía de la CPI encabezada por Karin Khan, es el reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional para actuar en el caso Venezuela y aclaró que ese Memorándum fue firmado con el régimen porque “son quienes tiene la autoridad de dar las órdenes de ejecución sistemática contra una población civil determinada”.
Solórzano indicó que el primer caso que enviaron “para constituirnos como parte”, fue el caso de Óscar Pérez» y sus seis compañeros asesinados en la masacre en El Junquito en 2018, lo que habría evidenciado la cadena de mando del régimen.