La suspensión de las clases en Buenos Aires por dos semanas ordenada por el presidente Alberto Fernández para contener la ola de contagios de covid-19 y rechazada por la alcaldía capitalina quedó envuelta en una puja judicial que deja en la incertidumbre a la comunidad educativa.
La Corte Suprema de Justicia se declaró este lunes competente para opinar sobre el pedido de declarar inconstitucional el decreto presidencial, que presentó el viernes mediante un recurso de amparo el alcalde opositor Horacio Rodríguez Larreta.
El gobierno argentino tiene cinco días para justificar su posición frente al Alto Tribunal, sin plazo legal para expedirse.
Padres, alumnos y docentes de Buenos Aires quedaron en la incertidumbre debido a las órdenes cruzadas entre el decreto presidencial, con fuerza de ley, y el rechazo de la alcaldía, en manos de la oposición de derecha.
El jueves pasado, el presidente peronista de centroizquierda decretó la restricción de la circulación y de la actividad comercial además de la suspensión de las clases presenciales, a partir de este lunes y hasta el 30 de abril en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde vive un tercio de los 45 millones de argentinos y donde más crecieron los contagios.
«Son decisiones de política sanitaria, avaladas por datos que la autoridad sanitaria me hace llegar y escuchando a los expertos, no a los políticos. Por más antipáticas que sean estas medidas, sé que cuidan y preservan la vida de argentinos y argentinas», declaró este lunes Fernández, al presentar obras públicas para reforzar el sistema de salud.
El mandatario llamó a los gobernadores que lo rodeaban de forma virtual a «cuidar a los docentes» y sostuvo que «mientras que las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y San Juan son las que más han vacunado al personal de educación, la ciudad de Buenos Aires solo ha vacunado al 14% de su personal».
Argentina comenzó la vacunación contra covid-19 a fines de diciembre y hasta ahora ha aplicado al menos una dosis a 5,5 millones de personas y dos a unas 800.000.
– Pelea –
El domingo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires hizo lugar a amparos presentados por organizaciones de padres contra la suspensión de las clases, tras lo cual Rodríguez Larreta ordenó a las escuelas de la ciudad abrir sus puertas.
La asistencia de alumnos fue parcial este lunes y los principales sindicatos docentes cumplieron un paro en respaldo a la suspensión de clases.
Los jueces del tribunal capitalino fueron denunciados por mal desempeño de sus funciones debido al fallo «arbitrario y temerario» que puso «en situación de incertidumbre y riesgo» a los ciudadanos ante el «acuciante estado epidemiológico», según el texto presentado por legisladores alineados con Fernández.
En tanto, la Procuración del Tesoro (que representa los intereses del Estado nacional) pidió a la justicia federal que invalide el fallo de la Cámara capitalina debido a que no tiene competencia sobre un decreto presidencial.
El gobierno de Fernández está en alerta por el crecimiento de contagios que alcanzó casi 30.000 casos el viernes pasado, cuatro veces más que un mes atrás, pero también por la ocupación de las camas de terapia intensiva que llega a 74,2% en el área metropolitana (AMBA).
En el AMBA conviven la rica capital argentina, con 2,8 millones de habitantes, y la populosa periferia, con 12 millones de personas y parte de la provincia de Buenos Aires, gestionada por el oficialista Axel Kicillof.
Argentina registra 2,7 millones de casos y casi 60.000 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia.