La asociación civil sin fines de lucro, Transparencia Venezuela, se pronunció este martes «antes las graves denuncia sobre la gestión del gobierno interino», de Juan Guaidó.
«La opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de controles efectivos en la gestión pública introducen amenazas serias a los intereses del bien común y quebranta la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado», escribieron en un comunicado.
Transparencia Venezuela expresó «suma preocupación» por las denuncias recibidas sobre «el incumplimiento de las responsabilidades del Gobierno interino de Venezuela».
«Poner en peligro la recuperación y la protección de los activos de la República, que fueron expoliados unos y expuestos otros por la Gran Corrupción desde hace décadas, constituye una falta inaceptable», recalcaron. Además catalogaron esto como «un incumplimiento de los compromisos establecidos en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la propia Asamblea Nacional electa en 2015″.
En el escrito expresaron también que «la falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios– actuales y retirados– del Gobierno interino, y diversos reportajes, presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas, por parte del interinato que lidera Juan Guaidó, así como la ausencia de investigaciones parlamentarias conclusivas, de sanciones políticas o votos de censura para los señalados».
Asimismo, denunciaron que la página web de la Asamblea Nacional 2015 «carece de información y rendición de cuentas».
«Desde las denuncias de malversación de fondos públicos y donativos para atender a los militares venezolanos en Cúcuta, la Asamblea Nacional no presentó un informe concluyente que exigiera la aplicación de procesos y procedimientos de transparencia, de contraloría y rendición de cuentas que eliminen las irregularidades administrativas sobre las que Transparencia Venezuela se pronunció en su momento».
Alerta de la Procuraduría Especial y el Fondo de Litigios
«Una de las situaciones más delicadas en el desempeño del Gobierno interino la ha hecho pública el actual Procurador Especial de la República, Enrique Sánchez Falcón. En sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional elegida en 2015, el Procurador afirma que no se ha aprobado el presupuesto 2021 para hacer posible la contratación de apoderados judiciales para la defensa de los intereses de Venezuela, en juicios que se celebran en varios países».
“Al Poder Legislativo ha correspondido aprobar los recursos económicos para pagar a los abogados que ejercen la representación judicial en los litigios (…), los cuales sin excepción se han originado de actuaciones inconstitucionales de los gobiernos de Chávez y Maduro. Pero, la Asamblea Nacional no ha atendido debidamente sus obligaciones de proveer la aprobación de esos recursos económicos”.
Sánchez Falcón asegura que ha reiterado en varias ocasiones y por vía oficial el petitorio de los presupuestos requeridos para la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero, “sin que hasta la fecha se conozca siquiera si están siendo analizado por sus destinatarios”.
Los riesgos inminentes, como los califica Enrique Sánchez Falcón, “por la no atención de litigios que se han intentado contra la República y sus entes descentralizados” comprometen la defensa de 24 mil millones de dólares estadounidenses que constituyen bienes de Venezuela. “Haber asumido el control de los activos del pueblo de Venezuela en el extranjero”, dijo en su intervención, “implica obligaciones para proteger esos activos de las acciones de los acreedores y del gobierno de Nicolás Maduro”.
El Procurador suponen un incumplimiento manifiesto por parte de la Asamblea Nacional al no proveer los recursos para esa defensa, referida a importantes litigios como el juicio sobre los Bonos Pdvsa 2020, el arbitraje de la empresa Conoco y un conjunto de casos adicionales que, por no contar con presupuesto, no tienen el respaldo de abogados designados y están expuestos a la potencial y muy significativa pérdida de intereses del país.
«La opinión pública desconoce, a la fecha, la posición y explicación de la Comisión Delegada o de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional sobre la alerta del Procurador. Esta opacidad no es materia de reserva o confidencialidad pues no se trata de conocer las estrategias legales de la defensa de la República y sus activos en el extranjero, sino de la provisión de recursos financieros para el pago de honorarios y servicios legales».
En relación a Citgo
«El ex Procurador Especial José Ignacio Hernández señaló, en una declaración a la Voz de América sobre el caso Citgo, que hay “más de 60 litigios en Estados Unidos. Esos litigios hoy día continúan. Cada vez la situación se complica más porque los acreedores de Venezuela han venido esperando, al menos, desde el año 2017”.
Agregó que “las cortes de Estados Unidos dijeron en la mayoría de los casos: “Mire usted, Venezuela tiene que pagar. Entendemos la emergencia humanitaria compleja, entendemos la conflictividad política, podemos discutir algún tipo de plazo de pago, pero usted tiene que pagar”.¡
Monómeros
Del casi Monómeros: «La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional ni su Junta Directiva han aclarado los hechos que motivan la medida administrativa de control por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, especialmente si se considera que el Estatuto de la Transición señala que las medidas respecto de empresas ubicadas en el extranjero están dirigidas a su protección».
Justamente este martes, el presidente interino Juan Guaidó pidió la reestructuración de esta empresa.
«Se suman a las debilidades en las rendiciones, descritas previamente, la omisión o falta de publicación de la memoria de gestión y resultados de la Comisión Presidencial de Relaciones Exteriores y los representantes diplomáticos en el exterior, así como los magistrados en el exilio. La Asamblea Nacional, a la que el Fondo para la Liberación le asignó 14 millones de dólares, también está en deuda con la transparencia en la administración de estos recursos«, escribieron.
Denunciaron que «no hay registro público de contratos autorizados por el Gobierno interino, ni es posible auditar a las comisiones de la AN ni a las presidenciales. Son deficientes respecto a “oportunidad, calidad, utilidad y transparencia de los contenidos”.
Transparencia Venezuela hizo un llamado al gobierno interino, y a la Comisión Delegada de la AN de 2015 a que «respondan al país sobre todas las alertas que se han expuesto por sus mismos funcionarios y a través de medios de comunicación; que rindan cuentas de calidad publicando los informes con soportes y en formatos abiertos. Que promuevan investigaciones independientes y presenten resultados de las denuncias hechas».
