Nicolás Maduro y un grupo de sus más cercanos colaboradores como ministros del régimen están vinculados con posibles «crímenes de lesa humanidad», afirmó este miércoles una misión de la ONU al presentar un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese país.
«La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, citada en un comunicado.
Según el informe habían «motivos razonables» para creer que Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa ordenaron o contribuyeron en los crímenes documentados en el informe con el fin de silenciar a la oposición.
La mayoría de los casos de ejecuciones ilegales por parte de cuerpos represivos del régimen no han sido procesados en Venezuela, donde el estado de derecho y las instituciones democráticas se han derrumbado.
La misión de la ONU dijo que otras jurisdicciones nacionales y la Corte Penal Internacional (CPI), que abrió un examen preliminar sobre Venezuela en 2018, deberían considerar los enjuiciamientos.
“Lejos de ser actos aislados, estos delitos fueron coordinados y cometidos de acuerdo con las políticas del Estado, con el conocimiento o apoyo directo de los mandos y altos funcionarios del gobierno”, dijo Valinas.
El informe además determina que oficiales del ejército, la policía y los servicios de inteligencia de la dictadura están involucrados en las ejecuciones extrajudiciales. Entre ellos se encontraba el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia, el general Christopher Figuera, dijo.
«PLANTANDO PRUEBAS»
El panel dijo que tenía motivos razonables para creer que el servicio de inteligencia falsificó o colocó pruebas sobre las víctimas y que sus agentes torturaron a los detenidos. Entre ellos se encontraba el legislador opositor Fernando Alban, de quien el gobierno dijo que se suicidó en 2018 pero cuyo partido dijo que fue asesinado.
Se cree que el capitán de la Armada Rafael Acosta murió de tortura bajo la custodia de la agencia de inteligencia militar DGCIM el año pasado, dijeron los expertos de la ONU.
El panel, creado por el Consejo de Derechos Humanos para investigar violaciones desde 2014, no tuvo acceso a Venezuela. Más de 5 millones de personas, una sexta parte de la población, han huido de la crisis política, económica y humanitaria del país.
Jorge Valero, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, dijo en el foro el martes que el gobierno estaba cooperando con la oficina separada de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en particular para facilitar las visitas a las cárceles.
Valero denunció las últimas sanciones impuestas por la administración Trump que estaban “causando sufrimiento y muerte al pueblo venezolano”. Estados Unidos, junto con docenas de otros países, reconoce al político opositor Juan Guaidó como el legítimo líder interino de Venezuela.
El informe encontró que el aparato estatal venezolano respondió con tácticas represivas a las protestas de la oposición que crecieron especialmente después de que Maduro fue reelegido en 2018 en medio de una protesta por los resultados.
“Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal contra la víctima cuando no era estrictamente inevitable para proteger vidas. Las fuerzas de seguridad también utilizaron armas menos letales de manera letal, lo que resultó en la muerte de los manifestantes ”, dijo.