El 8 de octubre pasado, un juez de inmigración en California, Estados Unidos, otorgó asilo político a los familiares de Oscar Pérez, ex miembro del CICPC asesinado por funcionarios del régimen venezolano.
Aminta, la madre de Oscar, así como su ex pareja Danahis Vivas y sus hijos Sebastián, Santiago y Derek, recibieron la decisión favorable del juez, en un proceso que se extendió por dos años y que establece un precedente importante en materia de inmigración.
El abogado Julio Henríquez, quien es el Coordinador Legal Internacional de Foro Penal y fue su representante en el juicio, indicó que el reconocimiento de la familia de Óscar Pérez por un juez de inmigración como un grupo social en particular es un precedente positivo. “Ya que llegaron a Estados Unidos por la frontera con México, en lugar de entrar con una visa, estuvieron en proceso de deportación desde el principio, incluyendo un tiempo en detención. Por eso el caso fue atendido por un juez en lugar de un agente de asilo,” explicó Henríquez. “La documentación que introdujimos pasaba de las 300 páginas y el juez estaba bien familiarizado con todo el material. La decisión clarificó cómo el caso encaja en los precedentes de asilo recientes, que son más estrictos, y la abogada del gobierno decidió renunciar al derecho de apelar, por lo que la sentencia quedó firme,” indicó el abogado.
Por su parte, Danahís Vivas recordó todo lo que pasó junto a sus hijos para llegar a esta decisión. “Poca gente sabe que estuvimos detenidos en la frontera, que pasamos un tiempo en centros de detención de inmigración desde septiembre de 2017, cuando Óscar estaba en la clandestinidad. Mis hijos no olvidan lo que implicó estar encerrados. Una vez en libertad, estar en un proceso de deportación genera mucha inestabilidad. Y la muerte de Óscar no la hemos superado, lo que vivimos el 15 de enero de 2018 es una cicatriz abierta. Pero es nuestro deber luchar para que el sacrificio de Óscar no sea en vano. Por eso, seguiremos denunciando al régimen de Maduro en todas las instancias.”
Tras la decisión, los familiares de Óscar Pérez adquieren un estatus legal permanente en Estados Unidos y su proceso de deportación es terminado. Indican que, junto con la ONG Foro Penal, continuarán acudiendo a instancias internacionales para denunciar las violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.