Uruguay ha dado un paso significativo en la lucha por la justicia internacional al sumarse a la denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. El canciller uruguayo, Omar Paganini, en representación del gobierno de Luis Lacalle Pou, envió una nota al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitando una investigación exhaustiva sobre los abusos en Venezuela.
En la comunicación, Uruguay pidió a la CPI que determine si los actos cometidos por el régimen venezolano constituyen crímenes bajo su competencia y, en caso afirmativo, que se adopten medidas urgentes para proteger los derechos humanos que se encuentran en grave riesgo. La nota presentada incluye información adicional que complementa la investigación en curso desde 2018 sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión de Uruguay responde al agravamiento de la represión contra la población civil y los líderes opositores, especialmente tras el presunto fraude electoral del 28 de julio. La nota subraya la falta de garantías constitucionales y judiciales en Venezuela, un país donde la independencia de los poderes se encuentra severamente comprometida.
En una rueda de prensa, Paganini detalló que la situación en Venezuela sigue siendo alarmante, con reportes de «desapariciones, torturas y muertes». El canciller también expresó preocupación por la reciente orden de arresto contra el candidato de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, calificando los cargos en su contra como «inverosímiles» y «ridículos».
Paganini subrayó la importancia de la oposición venezolana, que, a pesar de la represión, se ha organizado y movilizado de manera pacífica. “La dictadura venezolana se está endureciendo cada vez más”, advirtió el canciller, quien hizo un llamado a la comunidad internacional para presionar al régimen para que permita una salida pacífica y democrática a la crisis.
Uruguay reafirma su compromiso con la Corte Penal Internacional y su defensa histórica del derecho internacional, la paz y la democracia, esperando que su intervención contribuya a una resolución justa y efectiva del conflicto en Venezuela.