Las fuertes lluvias forzaron a Jaime (*), un venezolano de 42 años, a postergar su riesgoso viaje por la selva del Darién y varias naciones con el fin de llegar a Estados Unidos a solicitar asilo, pero fue una reciente medida del Departamento de Seguridad Nacional norteamericano la que derrumbó sus planes por completo.
“Desistí de todo eso (migrar). Me estoy resignando. Hoy me siento mejor. Ayer tenía una depresión muy grande”, cuenta el hombre a la Voz de América, pidiendo reservar su identidad por temor a represalias o inconvenientes en futuras peticiones migratorias.
Jaime, empleado de una empresa embotelladora de bebidas gaseosas en Maracaibo, en el occidente de Venezuela, gana solo 7 dólares por cada 12 horas diarias de trabajo.
“Mi idea era salir este lunes con un grupo de venezolanos para la selva del Darién, irnos por Maicao (Colombia), Medellín, Necoclí, la selva, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, toda esa travesía. Mi economía se vino al piso aquí en mi país”, dice.
Divorciado y sin vivienda propia, dice haber sentido la urgencia de migrar para cambiar su realidad económica y poder ayudar financieramente a sus hijos y sus padres. El lunes, daba por sentado que empeñaría su vehículo y renunciaría a su empleo para migrar por tierra hasta Estados Unidos, pero el anuncio del nuevo plan del gobierno de Joe Biden lo detuvo.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el miércoles un programa de visa o permiso humanitario para el ingreso legal de 24.000 venezolanos, residenciados en su país, que cuenten con un patrocinante dentro de Estados Unidos y que cumplan con una serie de requisitos, como tener el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 y no haber sido deportados de la nación norteamericana en los últimos cinco años.
La decisión incluye la orden de deportación a México de los venezolanos que crucen ilegalmente los puntos de entrada a Estados Unidos. Especialistas, abogados, defensores de derechos humanos, legisladores norteamericanos e incluso miembros de la oposición venezolana han advertido que la norma viola acuerdos y derechos fundamentales.
Jaime dice que su pensamiento “se fue”, se dispersó, mientras trataba de armar una máquina dispensadora de gaseosas en cuanto se enteró de la medida por boca de amigos.
“Le puse las válvulas al revés. No tenía ganas de hacer nada. Me encomiendo a Dios y sigo pa’lante. Se me cayeron los planes por completo de poder echar pa’lante”, lamenta.
Tenía planeado trabajar en una empresa de reconstrucción en el sector de bienes raíces en Fort Myers, Florida, tras el paso del huracán Ian. Otras ofertas laborales de conocidos le habían llegado además desde Houston, Texas, y Nueva York, precisa.
Ahora, Jaime tiene dos características que pudieran dejarlo exento de los beneficios del nuevo plan migratorio: legalmente, tiene residencia permanente en Argentina, a pesar de haberse regresado a Maracaibo hace tiempo; y, cinco años atrás, las autoridades le prohibieron su ingreso en un aeropuerto de Florida por haber trabajado dentro de Estados Unidos en un viaje anterior, cuando estuvo 5 meses en su territorio con visa de turista.
Este viernes, luego del anuncio del Departamento de Seguridad Nacional, cree tener las puertas cerradas en Norteamérica. “Parece que me hubiesen dado en la llaga. No voy a entrar a Estados Unidos ni que me pida (Joe) Biden” en ese nuevo proceso, estima.
El venezolano piensa emigrar de nuevo a Argentina, quizás a Chile. También planea vender su carro, comprar uno más económico y pagar las deudas que contrajo hace poco para poder sufragar su viaje por la peligrosa selva del Darién hasta Estados Unidos.
“De verdad que no consigo economía aquí en Venezuela. Por más que me digan que no pagas alquiler, no me logra subir la espuma (del presupuesto).
El asilo persiste
La abogada Damaris Rangel advierte que la decisión del DHS sobre los venezolanos viola acuerdos de protección a solicitantes de asilo firmados por Estados Unidos y considera que puede generar “conductas sociales discriminatorias” contra la población venezolana.
En entrevista con la VOA, opina que la nueva norma da a entender que anula la posibilidad de solicitud de asilo de cualquier venezolano en cualquier puerto de entrada hacia Estados Unidos. Recuerda que el gobierno estadounidense firmó un pacto de migración segura y ordenada. “Es restrictivo del derecho a pedir protección internacional”, dice la especialista.
Sanabria, por su parte, remarca que “Estados Unidos no cerró el asilo” a los venezolanos con su medida del miércoles, con base en lo especificado en la nota informativa del DHS. De hacerlo, advierte, el gobierno de Biden violaría acuerdos domésticos e internacionales.
“Si una persona llega y trata de cruzar por la frontera, no tiene las bases para un asilo o miedo creíble y no califica para alguna forma de ingresar a Estados Unidos, va a ser deportado. Eso sí puede pasar. De ahí a decir que, si no califica, va a ser deportado, eso no es 100% correcto”, apunta el especialista en la entrevista con la Voz de América.
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