Después del pico de migrantes, sobre todo haitianos, que cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá el año pasado, miles de personas siguen arriesgándose cada semana para hacer esta travesía a través de la selva del Darién, a pesar de que no hay garantías y lo hacen a merced de mafias y traficantes, alertó este viernes un informe.
Mientras que el 62 % de los más de 134.000 migrantes que cruzaron en 2021 a Panamá eran haitianos, este año, la mayoría, más de un tercio, han sido venezolanos, según informaba este martes Médicos Sin Fronteras (MSF).
En la estación migratoria de San Vicente, en Panamá, «en un solo día están llegando entre 300 y 900 personas que quieren avanzar cuanto antes a Costa Rica y seguir hacia Estados Unidos», decía MSF en un comunicado.
En el informe de Refugees International se hace un repaso de cómo es esta peligrosa ruta que emprenden los venezolanos, sobre todo, por las dificultades económicas en su país y que suele comenzar más al sur que Colombia, en Perú, desde donde atraviesan por tierra, en autobuses, hasta el pueblo de Necoclí, situado en el golfo del Urabá, en la costa caribeña.
«La economía de Necoclí se ha volcado totalmente en los migrantes», recoge el informe en referencia a un pequeño pueblo costero que se ha «dolarizado» con la llegada de estas personas a las que les cobran cantidades muy superiores a lo normal por la comida, el hotel o el pasaje de barco que les tiene que llevar al otro lado del golfo del Urabá, donde comienzan su trayectoria por la selva.
Muchos venezolanos tratan de vender botellas recicladas, trabajan en la limpieza o en la construcción para «conseguir dinero para el barco y para los precios que piden los traficantes», explica la ONG.
En este pueblo costero colombiano no hay espacio suficiente para los migrantes, tampoco hay apenas presencia de organismos de atención y humanitarios y escasean los puestos médicos. También hay «niños sin acompañar en riesgo», dijo Refugees International.
«El acceso a una nutrición adecuada durante el viaje es un reto muy grande para los niños y las madres que tienen que amamantar», constató la ONG, y agregó que es algo que se incrementa aún más cuando entran a la selva.
De Necoclí, los migrantes llegan en barco a Capurganá, un turístico pueblo muy próximo a Panamá, donde los coyotes les recogen y comienzan a cobrarles por llevarles por diversas rutas entre 100 y 400 dólares hasta la frontera con Panamá.
«Una vez que los migrantes entran al Darién, no hay autoridades que los protejan y las personas están a merced de los peligros de la selva y de los traficantes», apuntó la ONG que recordó que ya van más de 50 muertos en 2022 y que en 2021 se registraron 288 casos de violaciones sexuales.
Violencia sexual
Según la información de MSF, que es una de las pocas ONG que dan asistencia en los puntos de llegada en Panamá, hay dos formas de cruzar el Darién: pagan 400 dólares para que les lleven en bote hasta Panamá y andar dos o tres días hasta Canáan Membrillo, o pagar algo menos por un trayecto entre Capurganá y esta población indígena panameña de entre 7 y 10 días, «en el que se denuncian constantemente robos, agresiones y casos de violencia sexual».
Hasta mayo, MSF ha realizado 100 consultas por violencia sexual en su punto de atención de San Vicente; en 2021 fueron 328, lo que muestra una tendencia al alza.
Para mejorar la asistencia en uno de los puntos con menos vigilancia del mundo, Refugees International pide más presencia en Necoclí y en el resto de poblaciones colombianas para proveer de servicios e información a los migrantes.
Así como un mayor trabajo conjunto entre países, incluido Estados Unidos, para mejorar la travesía de los migrantes.