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+DETALLES | “El Amparo”: A 32 años de la masacre que sacudió Venezuela

El Amparo

El 29 de octubre de 1988, Venezuela fue testigo de la “Masacre de El Amparo”. Un asesinato en masa, ejecutado por fuerzas del Estado, en el que perdió la vida un grupo de 14 pescadores del estado Apure, al suroeste de la geografía venezolana.

 

Los autores materiales del hecho fueron efectivos de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ) y de la desaparecida Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Esos agentes estuvieron acompañados por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN).

 

Todos ellos formaban parte del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap), una fuerza de tarea que tenía como misión luchar contra la insurgencia armada, particularmente contra los grupos guerrilleros que ingresara a Venezuela, desde territorio colombiano.

 

De acuerdo con las investigaciones que estuvieron dirigidas por tribunales militares, los oficiales confundieron a los pescadores con integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, las declaraciones de dos sobrevivientes que escaparon a las balas y salieron ilesos, permitieron echar por tierra la afirmación del Estado.

 

Los familiares de ambas personas iniciaron procesos ante las autoridades venezolanas. Pese a ello, no consiguieron cosa distinta a irregularidades y dilaciones de las causas. Tal situación, llevó a organizaciones como Provea, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Human Rights Wacht y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional a presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

De manera posterior, la CIDH emitió recomendaciones que fueron desoídas por los gobiernos de los ex presidentes Carlos Andrés Pérez y Ramón José Velázquez. Por esa razón, la Comisión remitió el asunto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

 

En enero de 1995 – y ante la Corte IDH – representantes del Estado venezolano reconocieron la responsabilidad de las fuerzas del país en el suceso. El mea culpa permitió al tribunal emitió una sentencia de reparación, a favor de los familiares de los fallecidos y de los dos únicos sobrevivientes.

 

Fue el ex presidente Rafael Caldera el que canceló la totalidad de las indemnizaciones. No obstante, las sanciones a los responsables materiales e intelectuales quedaron  y permanecen pendientes.