Los esfuerzos del presidente Joe Biden para anular parte de la colosal deuda estudiantil de Estados Unidos, de cerca de 400.000 millones de dólares, se tambaleaban en una audiencia en la Corte Suprema, controlada por los conservadores.
La mayoría de los magistrados indicaron en los argumentos presentados el martes que consideraban que Biden se excedió en sus poderes al adoptar el costoso programa sin autorización específica del Congreso.
Su eventual fallo en el caso presentado por una coalición de estados conservadores podría tener un gran impacto en millones de estadounidenses que deben pagar durante años, e incluso décadas, los costos universitarios.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, aseguró que el caso plantea cuestiones «extraordinariamente graves» sobre la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo.
Si la deuda estudiantil es un asunto tan importante y el Congreso no lo ha abordado, dijo, podría ser una «buena lección» para que el presidente no actúe por su cuenta.
-Altos costos universitarios-
Pero afuera de la corte, un gran grupo de estudiantes se congregaron para manifestar con carteles que respaldaban la política del presidente.
Omamus Ogheni, de 20 años, ya debe 31.000 dólares por sus estudios de neurociencias en la universidad de Virginia. «Es una situación muy precaria», explicó.
«No nos está permitiendo avanzar en nuestros planes, en nuestras carreras, porque tenemos esta abrumadora carga con la que tenemos que escalar», añadió.
Casi 43 millones de estadounidenses tienen que reembolsar préstamos estudiantiles federales por un monto total de 1,6 billones de dólares.
El plan de Biden de recortar la deuda se produjo tras la congelación del pago de prestamos estudiantiles que su predecesor Donald Trump (2017-2021) instituyó durante la pandemia.
Con los reembolsos todavía congelados hasta finales de agosto, Biden, quiso dar un paso más y anunció que condonaría hasta 20.000 dólares a los antiguos becarios, dependiendo de su nivel de ingresos.
Debido a la cantidad de aplicaciones, dicho plan equivale a una factura total para el Estado de unos 400.000 millones de dólares.
-Más morosos-
La medida fue confrontada en primer lugar por varios estados conservadores que calificaron la movida de Biden como un abuso de poder sobre el dinero de los contribuyentes; y además por dos estudiantes que no resultaron elegibles para recibir la ayuda para reducir la deuda.
Los estados alegan que la ley de 2003 en la que se basó la administración Biden solo permite congelar los pagos de los préstamos; no recortar la cantidad adeudada.
Jim Campbell, en nombre de uno de los estados, aseguró ante la corte que Biden impuso la medida cuando falló su intento de hacerlo por la vía del Congreso.
Sin embargo, Elizabeth Prelogar dijo ante el supremo que terminar con la congelación de los pagos de los créditos sin un alivio adicional produciría una ola de impagos y de morosos.
La ley de 2003 fue invocada para condonar los créditos y para «asegurar que esta pandemia sin precedentes no dejara peor a los prestatarios en relación con sus préstamos estudiantiles», explicó Prelogar.
-Asuntos mayores-
La sentencia, que se espera antes del 30 de junio, tendrá un impacto directo en las finanzas de los antiguos estudiantes. Pero la corte, de mayoría conservadora, podría aprovechar para limitar el margen de maniobra de Biden.
Una sentencia en contra de la medida del presidente podría fortalecer el punto de vista legal de que un presidente no puede actuar en lo que se consideran «asuntos mayores» del Gobierno sin el apoyo del del Congreso.
El alto tribunal utilizó esta «doctrina» en junio pasado para limitar los poderes de la Agencia de Protección Ambiental en su lucha contra el calentamiento global.
La juez progresista Ketanji Brown Jackson advirtió que esta instancia podría estancar los movimientos de todo el Gobierno.
AFP.