Aborto, porte de armas, libertades religiosas: la Corte Suprema de Estados Unidos ha dado, desde su remodelación por Donald Trump, un giro a la derecha que erosiona su legitimidad y pauta su funcionamiento interno.
Sus integrantes «se supone que deben interpretar la ley, no hacer política y, sin embargo, eso es lo que hacen», lamentó Kim Boberg, una informática de 49 años entrevistada el viernes por la AFP frente al edificio de mármol blanco que alberga al templo de la ley en Washington.
Como ella, los manifestantes que acudieron a protestar contra decisiones de los jueces supremos fueron mantenidos a distancia por altas vallas, símbolo de la ruptura entre la venerable institución y la mayoría de los estadounidenses.
Solo el 25% de los ciudadanos tiene confianza en la institución, un mínimo histórico, según una encuesta del Instituto Gallup publicada el 23 de junio, antes de que se dictaran sus decisiones más controvertidas.
El jueves, la mayoría conservadora del tribunal defendió el derecho a portar un arma en público, aunque el país todavía se está recuperando de varios tiroteos mortales, uno de ellos en una escuela en Texas en el que murieron 19 niños.
Y un día después revocó el derecho al aborto, vigente desde hace casi 50 años y respaldado por el 60% de los estadounidenses. Las clínicas de Misuri y Dakota del Sur, entre otras, cerraron de inmediato.
– Divididos en dos campos –
De manera menos visible, sus seis jueces conservadores (sobre un total de nueve), tres de los cuales fueron designados por Donald Trump, también han otorgado «un lugar más importante a la religión en la vida pública», recuerda Steven Schwinn, profesor de derecho en la Universidad de Illinois.
Esta mayoría derechista, que lleva dos años al frente del tribunal supremo, avanzó primero con cautela pero «ya no se detiene y está desplegando a toda velocidad su programa político conservador», también en materia de migraciones o derecho penal, dijo Schwinn.
El organismo se encuentra así al frente de la «guerra cultural» que divide al país en dos campos aparentemente irreconciliables.
El presidente demócrata Joe Biden ha denunciado a la corte por su «ideología extremista», mientras el secretario de Justicia, Merrick Garland, muy apegado a la independencia de los jueces, ha manifestado su disconformidad con sus últimas decisiones.
«El hecho de que el Ejecutivo ya no se incline cortésmente ante lo que considera un organismo ilegítimo es parte de la crisis de confianza en la corte», comentó Tracy Thomas, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Akron.
– Tensiones internas –
Los tres jueces progresistas de la Corte han disentido enérgicamente con las sentencias más recientes del tribunal, incluso omitiendo el término «respetuosamente» del rigor ordinario en sus escritos.
La mayoría del organismo canceló el derecho al aborto «por una sola razón: porque siempre lo han despreciado y ahora tienen suficientes votos para deshacerse de él», señalaron esos magistrados, temiendo que ahora sean cuestionados otros derechos, como el matrimonio de parejas del mismo sexo o la anticoncepción.
Una prueba del clima que reina en la corte es que el anteproyecto sobre el aborto fue filtrado en mayo, cuando la Corte Suprema es conocida por proteger celosamente el secreto de sus deliberaciones.
«Ello socavó la confianza entre los jueces, sus asistentes y el personal y creó un ambiente de trabajo difícil», dijo Carl Tobias, profesor de derecho en la Universidad de Richmond.
Según él, la corte también está siendo afectada por revelaciones sobre el papel que jugó Ginni Thomas, esposa del juez conservador Clarence Thomas, en la cruzada poselectoral liderada por Donald Trump.
«Todavía no se sabe» si ella participó en los intentos de los trumpistas de impugnar el resultado de las elecciones, pero el hecho de que su esposo fuera el único que pretendió trasladar esa batalla a la corte es «inquietante», señala el experto.
A pesar del descontento dentro y fuera de sus muros, el alto tribunal no va a corregir su rumbo, sobre todo porque los llamados a reformarlo parecen condenados al fracaso. «Ahora que ha empezado a reducir derechos, ¿qué podría impedirle continuar?», se pregunta Tobias.
AFP.