Los presidentes de los comités de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos instaron a Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras a evitar que los préstamos del BCIE «perpetúen la consolidación de la dictadura» en Nicaragua.
El Banco Centroamericano de Integración Económica -fundado por estos países y por Nicaragua- ha aprobado cerca de 3.500 millones de dólares en financiamiento para iniciativas «que se implementarán bajo los auspicios del régimen» de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, afirmaron el senador demócrata Bob Menéndez y el congresista republicano Michael McCaul en un comunicado.
En un intento por evitarlo, enviaron cartas a los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras pidiéndoles que aprovechen «su liderazgo» como miembros fundadores del BCIE «para garantizar que los préstamos del banco no perpetúen la consolidación de la dictadura de Nicaragua».
La financiación de este banco multilateral «proporciona un salvavidas al régimen Ortega-Murillo en un momento de creciente condena global a las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua», se lee en las cartas.
A los presidentes les piden que aumenten «la transparencia y el escrutinio de los préstamos» del BCIE a Nicaragua hasta que Ortega y Murillo «estén dispuestos a entablar negociaciones que restablezcan la gobernabilidad democrática, el respeto por los derechos humanos y un calendario para elecciones libres y justas».
Si Ortega y Murillo «no están dispuestos a permitir una apertura política, será imperativo que su gobierno use su voz y voto para suspender la financiación de su régimen criminal», añaden en las misivas.
Los congresistas les animan a aplicar al BCIE «políticas similares» a las impuestas por Washington.
Estados Unidos ha tomado medidas «para aumentar el escrutinio y reducir la financiación de instituciones multilaterales que beneficien directamente al régimen de Ortega-Murillo», pero sigue financiando «las necesidades humanitarias básicas del pueblo nicaragüense», afirman.
Menéndez y McCaul ponen énfasis en «la urgencia de poner fin a que las cosas sigan como de costumbre».
Recuerdan «los ataques a la democracia nicaragüense por parte del régimen y su creciente represión de la disidencia», como la privación de la ciudadanía de más de 300 nicaragüenses y la condena a 26 años de prisión del obispo Rolando Álvarez.
En el comunicado, los congresistas citan un informe de un grupo de expertos de la ONU, que acusa al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen «crímenes de lesa humanidad».
También mencionan un comentario del Papa Francisco en una entrevista con el medio digital argentino Infobae. El papa habla del «desequilibrio de la persona que dirige» Nicaragua y dice que es como si quisiera «instaurar la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35».
AFP.