Reportaje de La Voz de América
La Corte de Apelaciones de Filadelfia no está segura si debe tener en cuenta la actual situación en Venezuela a la hora de decidir sobre un caso en el que están en juego las acciones de CITGO, la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y uno de los principales activos del país en el exterior.
PDVSA llevó ante la Corte de Apelaciones del tercer distrito el fallo de un juez en Delaware que concedió a Crystallex en el 2018 anexarse activos de PDV Holding —la sociedad comercial dueña de CITGO —para satisfacer un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares.
En marzo, el gobierno interino de Juan Guaidó intervino en el caso para apoyar la apelación y pedir al juzgado no “poner en peligro la política exterior de Estados Unidos” al “impedir la habilidad de Guaidó para completar la transición de la república [de Venezuela] a la democracia”, de acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso la Voz de América.
Este lunes, en una audiencia ante el juzgado, el representante legal de Guaidó pidió a los tres jueces del distrito encargados del caso considerar los cambios que se han dado en la situación política del país —el hecho de que Guaidó fue nombrado como presidente interino por la Asamblea Nacional—a la hora de decidir sobre el caso.
No obstante, los tres jueces que llevan el caso, Anthony Scirca, Joseph Greenway y Thomas Ambro cuestionaron las razones por las que la corte debía tener en cuenta la disputa por el poder en Venezuela.
“Podríamos estar en la misma situación que tenemos ahora dentro de un año”, dijo Scirca en la sala Maris del la corte del Tercer Distrito. Esto va en línea con uno de los argumentos de Crystallex, quien fue comprada en el 2012 por el fondo de inversión Tenor.
“Quien controla Venezuela hoy y lo que quieran o no quieran hacer en el futuro es irrelevante respecto si a Crystallex le corresponder recaudar su laudo”, escribió su abogado, Miguel Estrada, en un documento presentado a la corte. En la audiencia, Estrada dijo al juzgado que tanto el gobierno en disputa como en el gobierno interino “tienen una unidad de intereses” en evitar el pago de la deuda.
Crystallex busca hacer efectivo un laudo que la corte de arbitrajes del Banco Mundial le otorgó en el 2016 por la expropiación de la mina Las Cristinas durante el gobierno de Hugo Chávez.
La defensa de PDVSA argumentó que CITGO no estuvo involucrada en el prejuicio cometido contra Crystallex y que por ende, la refinería puede distanciarse de la deuda del estado venezolano.