La Corte Suprema de Estados Unidos examina este miércoles si un estado del sur del país se basó en consideraciones raciales para rediseñar el mapa electoral, «exiliando» a 30.000 votantes negros de su circunscripción.
Como los republicanos solo tienen mayoría en la Cámara de Representantes por un puñado de votos, cualquier cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema podría determinar el margen de maniobra del próximo presidente de Estados Unidos.
Sobre todo porque ya hay litigios por mapas electorales en una decena de estados.
En Estados Unidos los partidos políticos pueden trazar las fronteras de las circunscripciones en función de sus intereses, lo que denominan «gerrymandering», una práctica legal en términos generales, pero prohibida si se lleva a cabo por motivos raciales y no por afiliación política.
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La semana pasada, un tribunal federal validó el nuevo mapa electoral de Alabama (sur), incluyendo dos circunscripciones de mayoría afroestadounidense en vez de una.
El tribunal y después la Corte Suprema invalidaron el mapa adoptado por la mayoría republicana, alegando que violaba la Ley de Derecho al Voto.
Esta ley de derechos civiles aprobada en 1965 tiene como objetivo evitar que los antiguos estados segregacionistas del sur del país nieguen a los afroestadounidenses el derecho al voto.
Georgia y Luisiana están pendientes de recursos sobre una nueva delimitación electoral, que incluye una circunscripción más, con población mayoritariamente afroestadounidense, en cada uno de estos dos estados del sur dirigidos por republicanos.
– El caso de Charleston –
Los nueve jueces de la Corte Suprema abordan este miércoles el mapa de Carolina del Sur, donde la mayoría republicana ha «exiliado a 30.000 ciudadanos afroestadounidenses» en Charleston (sureste), es decir, el 62% de la población negra, según los magistrados de primera instancia.
«El factor racial fue el motivo predominante» de esta delimitación, afirmó este tribunal, que concluyó que las autoridades estatales practicaron «gerrymandering racial».
La Corte Suprema, predominantemente conservadora, tendrá que distinguir entre afiliación política y consideraciones raciales, que a menudo se superponen.
Por ejemplo, tanto en Carolina del Sur como en Alabama, de los siete congresistas de la Cámara de Representantes seis son republicanos blancos y uno es un demócrata negro.
Se cree que la corte podría emitir un fallo a finales de enero de 2024.
Para los activistas de derechos civiles, como la influyente ACLU, el tiempo apremia a medida que se acercan las presidenciales de noviembre de 2024.
«Los votantes negros del primer distrito ya tuvieron que votar una vez bajo este mapa inconstitucional en 2022», lamenta Sophia Lin Lakin, a cargo de los temas electorales de la ACLU. «No deberían tener que volver a pasar por esto en las próximas elecciones», opina.
AFP