Las personas que tengan armas serían obligados a pagar una póliza de seguro para cubrir daños causados por las mismas, de acuerdo con un proyecto de ley en discusión esta semana en California.
La ordenanza municipal, que debe ser sometida a su primera votación este martes en San José, exigirá además el pago de una tasa anual destinada a financiar grupos sin fines de lucro dedicados a ayudar a las víctimas de la violencia armada.
El proyecto de ley busca reducir el daño causado por las armas de fuego y aliviar las cuentas de los contribuyentes.
«Hemos visto como la compra de pólizas de seguro ha reducido los accidentes de auto durante décadas, por ejemplo, al incentivar a los conductores a manejar de forma más segura y a comprar carros equipados con bolsas de aire y frenos antibloqueo», dijo el alcalde Sam Liccardo.
«De igual forma, las pólizas de seguro de armas disponibles pueden incentivar a los dueños de armas a usarlas de forma segura, tomando clases y colocando seguros para los gatillos».
Las armas abundan en Estados Unidos, en donde alrededor de 40% de los adultos vive en una casa en la que hay armas, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew.
Unas 23 millones de armas fueron vendidas en el país en 2020, y 40.000 personas mueren de heridas de bala cada año.
A pesar de esta horrible estadística, y del hecho de que la mayoría de estadounidenses está de acuerdo con restringir las reglas para el uso de armas, varios intentos han fallado bajo el argumento de que este tipo de controles infringe las libertades individuales.
Un comunicado del concejo municipal de San José afirma que la violencia armada le cuesta a la ciudad casi 40 millones de dólares al año, en la respuesta policial y médica de emergencia, los cuidados de salud y las investigaciones de los casos.
«La segunda enmienda de la Constitución protege el derecho de cada ciudadano a tener un arma, pero no implica que los contribuyentes tengan que subsidiar ese derecho», agregó Liccardo.
La tasa anual de 25 dólares será destinada para financiar programas que buscan reducir la violencia armada, así como atención psicológica y tratamiento contra adicciones.
La Fundación Nacional para el Derecho por las Armas, un grupo que apoya la posesión de armas, describió el proyecto de ley como «un esquema descaradamente inconstitucional».
«Esto es tan impensable como imponer un ‘impuesto sobre la libertad de discurso’ o ‘el impuesto para ir a la iglesia'».
El grupo anunció que trabaja en una demanda para enfrentar la propuesta ante el poder judicial.
La ordenanza debe ser sometida a una segunda lectura el 8 de febrero, antes de ser aprobada en agosto.
AFP.