Estados Unidos flexibilizó este jueves las condiciones para negar la residencia permanente a inmigrantes considerados una carga económica que fueron endurecidas en el gobierno de Donald Trump, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El sistema «garantiza un trato justo y humano para los inmigrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses», afirmó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, citado en un comunicado.
«No penalizaremos a las personas por elegir acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales suplementarios disponibles para ellos», añadió.
La legislación migratoria estadounidense incluye la llamada prueba de «carga pública» para identificar a aquellas personas que podrían llegar a depender del Estado para subsistir con el fin de negarles la residencia legal permanente, conocida como la tarjeta verde o green card.
Trump endureció los criterios sobre cuando un inmigrante representa una carga pública, aumentando las condiciones para incluir, entre otros, a quienes se beneficien de determinados programas sanitarios, ayudas alimentarias o de vivienda.
Aunque la regla de 2019 fue revocada y ya no está en vigor, el gobierno de Biden quiso «proporcionar claridad» fijando una «regla final» que restaura las pautas vigentes durante décadas, informa el comunicado.
Antes de 2019 casi todos los subsidios gubernamentales no monetarios, como Medicaid (programa que ayuda a pagar los costos de salud de personas con bajos ingresos) o la nutrición, estaban excluidos de la consideración de carga pública.
En virtud de la regla final, que entrará en vigor el 23 de diciembre de 2022, el DHS considerará probable que un inmigrante se convierta en una carga pública si «determina que existe la posibilidad de que en cualquier momento dependa principalmente del gobierno para su subsistencia», especifica.
Se tendrá en cuenta la edad, salud, estatus familiar y financiero, activos, recursos, educación y habilidades del inmigrante, detalla.
AFP.