La administración del presidente Donald Trump apeló este martes una decisión judicial que obliga al Estado a garantizar derechos legales a cientos de venezolanos deportados en marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. De acuerdo con un reporte de Reuters, el fallo emitido el 4 de junio por el juez James Boasberg, no ordena su repatriación pero exige facilitar sus impugnaciones.
El juez de distrito de Washington dictaminó que los afectados, presuntos miembros de la banda Tren de Aragua, deben tener acceso a peticiones de habeas corpus para impugnar sus deportaciones.
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Según Reuters, el gobierno tiene una semana para presentar un plan que detalle cómo cumplirá esta orden, según el documento judicial.
Los deportados fueron expulsados bajo la polémica ley promulgada en 1798 y usada en contadas ocasiones, la cual permite acelerar procesos migratorios en contextos bélicos o de amenaza nacional. Trump invocó este estatuto para eludir trámites ordinarios.