100,000 millones de dólares han sido robados de los programas de ayuda creados para ayudar a empresas y ciudadanos que perdieron sus puestos de trabajo a causa de la pandemia del COVID-19, anunció el martes el Servicio Secreto.
Pese a que el monto sustraído sólo representa el 3% de los 3.4 billones de dólares que conforman el paquete de ayudas, sigue siendo «tentador para los delincuentes», señaló en una entrevista Roy Dotson, coordinador nacional de recuperación del fraude de la pandemia de la agencia federal.
La mayor parte de esta cifra procede del fraude al desempleo. El Departamento de Trabajo reconoció que unos 87,000 millones de dólares destinados a prestaciones por desempleo podrían haber sido pagados indebidamente.
El Servicio Secreto dijo haber incautado más de 1,200 millones de dólares al investigar el fraude en el seguro de desempleo y en los préstamos, y que ha devuelto más de 2,300 millones de dólares de fondos obtenidos de forma indebida al trabajar con socios financieros y estados para revertir las transacciones.
La agencia federal también afirmó que tiene más de 900 investigaciones penales abiertas por fraude relacionado con la pandemia, con casos en todos los estados, y que hasta ahora ha detenido a 100 personas.
El Departamento de Justicia informó la semana pasada que su sección de fraude había procesado a más de 150 acusados en más de 95 casos penales y había incautado más de 75 millones de dólares en ganancias en efectivo derivadas de los fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés) obtenidos de forma fraudulenta, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo adquiridos con las ganancias.
El PPP, uno de los programas más conocidos creados a través de la Ley CARES en marzo de 2020, ofrecía préstamos a bajo interés y condonables a pequeñas empresas con dificultades para hacer frente a las nóminas y otros gastos durante los paros relacionados con la pandemia.
Al principio de la pandemia, las fuerzas del orden se centraron en el fraude relacionado con los equipos de protección personal, según el Servicio Secreto.
Ahora las autoridades han dado prioridad a la explotación de la ayuda relacionada con la pandemia porque la financiación federal a través de la Ley CARES atrajo la atención de individuos y redes delictivas organizadas de todo el mundo.
«¿Podemos detener el fraude? ¿Lo haremos? No, pero creo que definitivamente podemos procesar a los que deben ser procesados y podemos hacer todo lo posible para recuperar todos los fondos fraudulentos que podamos», prometió Dotson.