La red social TikTok enfrenta una batalla legal en Estados Unidos que podría determinar su futuro en el país a partir de enero del próximo año, debido a una ley que busca desvincular a la plataforma de su matriz china ByteDance.
#EsNoticia 🇺🇸Tribunal de Apelaciones celebrará audiencia judicial donde empezará a definirse el destino de TikTok en EEUU
Julia Riera, de Voz de América, informa desde Washington los detalles sobre el proceso judicial que avanzará en el Distrito de Columbia
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— EVTV (@EVTVMiami) September 16, 2024
Dicha ley fue aprobada en abril por el Congreso de Estados Unidos y da a ByteDance hasta el 19 de enero de 2025 para vender sus operaciones a un inversor de un país que no esté considerado adversario de EE.UU. Si no se cumple este plazo, TikTok dejaría de estar disponible en el país.
Las tiendas de aplicaciones, como App Store y Google Play, se verían obligadas a retirar TikTok, impidiendo tanto la descarga de la aplicación como la posibilidad de recibir actualizaciones.
Argumentos en el tribunal
Andrew Pincus, abogado de TikTok, defendió que la plataforma está comprometida con la protección de los datos de sus usuarios y alegó que el gobierno de Estados Unidos no ha probado que la aplicación representa una amenaza para la seguridad nacional. Asimismo, argumentó que la ley viola la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.
El gobierno de Joe Biden, al igual que congresistas demócratas y republicanos, ha expresado preocupación de que ByteDance pueda compartir información de los usuarios estadounidenses con el gobierno chino, influyendo sobre la opinión pública mediante la manipulación de contenidos en la plataforma.
Aunque el plazo para la venta de las operaciones de TikTok en EE.UU. Desde el 19 de enero, el presidente Biden tiene la opción de extender este período si certifica que ByteDance está haciendo avances sustanciales hacia una venta.
La prórroga podría ser de hasta tres meses adicionales. Tanto TikTok como el Departamento de Justicia han solicitado un fallo de la corte antes del 6 de diciembre para permitir que el caso pueda ser apelado ante el Tribunal Supremo antes de la fecha límite.