El juez que instruye el juicio por fraude fiscal contra Donald Trump, dos de sus hijos y la empresa familiar en Nueva York denegó la autorización al expresidente que deseaba pronunciar los alegatos finales, según documentos judiciales de la corte neoyorquina.
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Trump y sus dos hijos mayores están acusados de inflar fraudulentamente el valor de sus propiedades, por lo que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicita una indemnización al magnate de 370 millones de dólares, así como que se le prohíba realizar negocios en el estado.
Ambos equipos jurídicos comenzarán a pronunciar sus alegatos finales el jueves.
Los abogados de Trump, que ha atacado repetidamente al juez y a la fiscal general por supuesta parcialidad, habían indicado que el exmandatario y favorito a la nominación republicana para las presidenciales de noviembre próximo presentaría extraordinariamente un alegato final en su propio nombre.
En el intenso intercambio de correos electrónicos de los últimos días entre el juez Arthur Engoron, instructor del caso, y el equipo legal de Trump, el magistrado dijo que si el expresidente deseaba hablar debería ceñirse a los hechos del caso y «aceptar las limitaciones» que le impuso.
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Ante la falta de respuesta de la defensa del magnate sobre estas exigencias, el juez decretó que «como consecuencia, no hablará ante la corte mañana (jueves)».
Asimismo, el juez rechazó el pedido de la defensa del magnate de aplazar la vista hasta el 29 de enero debido al fallecimiento de la suegra de Trump.
El equipo legal de Trump calificó la decisión de «muy injusta».
Trump ha recurrido repetidamente a las redes sociales durante este proceso para denunciar que el caso es una «caza de brujas» y que estaba «decidido» en su contra «incluso antes de empezar».
En una publicación en su plataforma Truth Social el republicano aseguró que «no hice nada malo» y tildó a James de «totalmente corrupta».
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«Mis estados financieros son estupendos y muy conservadores», añadió. «Este caso nunca debería haberse presentado», sostiene.
Este no es el único caso judicial que enfrenta el expresidente, pues también se le acusa de injerencia electoral en Georgia (sureste) y de presunta negligencia en la gestión de documentos ultrasecretos tras abandonar la Casa Blanca.
AFP.