En las más de dos décadas del chavismo en el poder, no solo se han cerrado medios de comunicación por decenas, sino que, además, se han aprobado leyes que buscan imponer el silencio y el miedo a toda costa.
En 2019, desde la Feria del Libro de la Universidad Católica Andrés Bello, se presentó el libro 20 años de censura en Venezuela (1999-2018) (disponible en Amazon), escrito por el periodista e investigador universitario Andrés Cañizález, en el cual se condensan emblemáticos casos de censura en el país.
El golpe más fuerte para la libertad de expresión fue el cierre del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV), uno de los canales más antiguos del país, pero ese medio de comunicación no fue el primero cerrado por el chavismo (salió del aire el 27 de mayo de 2007) y desgraciadamente tampoco fue el último.
El cese de transmisiones del conocido canal 2 se basó en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) que fue aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y entró en vigencia el 7 de diciembre de 2004.
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Aunque la ley fue aprobada en 2004, el fallecido presidente Hugo Chávez Frías acusó a la televisora de asumir una posición “golpista” y apoyar los hechos del 2002.
La aplicación de esta normativa se le encomendó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), que funcionaba en el país desde el 5 de septiembre de 1991.
Bajo esta nueva ley, el chavismo se encargó de decidir en qué horarios deben salir al aire ciertos contenidos, tiempos en los que se pueden transmitir publicidad y cómo se deben realizar las solicitudes de concesión del espectro radioeléctrico, entre otros muchísimos aspectos.
Detenciones y juicios por difamación
Desde el año 2010 figuran reportes de la ONG Reporteros Sin Fronteras, en los cuales se da cuenta de que el gobierno aplicó detenciones abusivas y juicios por difamación a periodistas como práctica sistemática para callar voces incómodas.
Un caso emblemático ha sido la detención del activista y defensor de los derechos humanos, Javier Tarazona, quien acudió al Ministerio Público a denunciar ser víctima de persecución por funcionarios del gobierno y terminó siendo acusado de incitar al odio contra los funcionarios y encarcelado.
Desde su trono en el poder como presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, en 2015 interpuso una demanda contra los periódicos Tal Cual y El Nacional y el portal web La Patilla. Les acusó de daño moral y difamación.
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