Un supuesto documento de la Corte Electoral de Uruguay que muestra el conteo de firmas para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) señala que un 22,78% de las rúbricas fueron rechazadas. Sin embargo, la planilla, compartida en redes sociales más de 2.200 veces al menos desde el 24 de julio pasado, fue modificada: en la original solo un 4,5% de las firmas presentadas fueron descartadas. Además, la ministra de la Corte Electoral Ana Lía Piñeyrúa señaló que los datos divulgados son falsos.
“IRREGULARIDADES POR TODOS LADOS.De la primer tanda,la Corte Electoral señaló para ser rechazadas el 22.77% de las firmas. Es un número altísimo. La causal de anulación está detallada: firmaron menores, inhabilitados, personas que firmaron varias veces, personas firmaron con datos falsos, personas cuya huella dactilar no coincide. Un verdadero caos de irregularidades…”, dicen las piezas compartidas en Facebook (1, 2, 3) y Twitter (1) junto a una planilla con fecha 22 de julio que indica “22.78%” de firmas «rechazadas y en estudio por irregulares».
Captura de pantalla de una publicación en Facebook realizada el 26 de julio de 2021Los contenidos se viralizaron luego de que la Corte Electoral comenzara a verificar, el pasado 19 de julio, las 797.261 firmas que fueron presentadas por la central sindical, PIT-CNT, la coalición opositora Frente Amplio y distintas organizaciones sociales para habilitar un referéndum que derogue la LUC, ley emblema del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.
La Ley 17.244 establece que, para poder convocar a una consulta popular, sus impulsores deben presentar las firmas de al menos el 25% de los ciudadanos inscriptos habilitados para votar, dentro del año de la entrada en vigencia de la norma.
La Corte Electoral tiene 150 días hábiles, desde el 8 de julio, para calificar las firmas y “dictaminar si se ha alcanzado el porcentaje requerido”.
Desde el 19 de julio el organismo presenta a diario en su página web el avance en el control de las papeletas recibidas, lo que significa que solo se puede acceder al último informe publicado por la institución y no a los anteriores, explicó a AFP Factual uno de sus ministros, Pablo Klappenbach.
El último documento disponible antes de la publicación de esta verificación corresponde al del pasado 28 de julio. En él se informa que se ingresaron 69.337 firmas para revisión, de las cuales 53.916 fueron aceptadas, 4.032 rechazadas y 11.389 están en proceso de verificación.
Sin embargo, AFP Factual logró acceder, a través de la ministra Ana Lía Piñeyrúa, a la planilla que fue publicada por la Corte Electoral el 22 de julio, fecha que aparece en el supuesto documento viralizado, y que ya no está disponible en la página.
En ambas imágenes la totalidad de firmas ingresadas era de 31.361. No obstante, hay algunas diferencias.
Comparación entre la planilla viralizada (I) y la original de la Corte Electoral de UruguayEn el documento original no se coloca el porcentaje que representan la cantidad de firmas aceptadas y rechazadas, como sí figura en la planilla modificada. A su vez, en la imagen viralizada se agregó el punto correspondiente a los miles en algunas de las cifras.
Asimismo, las piezas viralizadas colocan un número incorrecto en la cantidad de firmas rechazadas: hasta el 22 de julio, según la planilla oficial, el total de rechazadas era 1.414 y no 7.144. Las 1.414 firmas descartadas corresponden al 4,5% de las firmas ingresadas, y no al 22,78%.
A su vez, en el documento oficial, la categoría de “rechazadas” no incluye a las que están “en estudio por irregulares”, como aparece en la publicación difundida en redes.
En la tabla adulterada, el total de 7.144 firmas rechazadas se compone de la suma de las 1.414 y las 5.730 que están “en proceso”. Sin embargo, las firmas que están en proceso de revisión son las que no fueron “ni aceptadas ni rechazadas”, explicó el ministro de la Corte Electoral Klappenbach.
El 23 de julio, el periódico El Observador reportó sobre el proceso de validación precisando las mismas cifras vistas en el documento de la Corte Electoral del 22 de julio.
Tras la publicación de este tuit, la ministra Piñeyrúa respondió: “Esa información está trucada. Están falseando la información oficial. Cuidado con eso. Por suerte las personas que desean saber cuentan con la información verídica en la página web de la Corte Electoral”. Un día después, su autor confirmó que el contenido que había publicado “no era real”, aunque no eliminó el tuit.
Las piezas viralizadas también afirman que “el Frente Amplio y el PIT-CNT recusaron con sus delegados 5730 de esas firmas anuladas, por ende la corte tendrá que definir si son anuladas o no”.
En realidad, la afirmación es incorrecta. Las papeletas que figuran “en proceso” están allí como resultado del trabajo de los técnicos y funcionarios de la Corte que, por distintos motivos, las separan para analizarlas detalladamente. Klappenbach aclaró a AFP Factual que esas firmas no están “en proceso” porque los delegados hayan presentado algún recurso, sino por “cómo se va generando el trabajo” dentro del organismo.
En tanto, desde la Corte Electoral confirmaron a AFP Factual que a la fecha de publicación de este artículo no ha llegado ningún recurso contra el proceso de validación de firmas.
Miembros de la Comisión Nacional Pro Referéndum entregan cajas con firmas a la Corte Electoral, el 8 de julio de 2021 ( AFP / Pablo Porciúncula)Papeletas rechazadas y en proceso
El documento actualizado por la Corte Electoral detalla las razones por las que las firmas son rechazadas. Las descartadas por “impresión deficiente” contienen una huella dactilar que los técnicos de la Corte Electoral no pueden determinar, a través de sus líneas y figuras, si corresponde a la persona que firmó, de acuerdo a Klappenbach.
Las que se descartan porque la “impresión no coincide” son las huellas dactilares que no corresponden con el nombre y la credencial de la persona que figura en la papeleta.
Las huellas rechazadas por concepto de “cancelado” son las de personas que ya no están inscriptas en el registro cívico porque fallecieron luego de haber firmado y antes de que se entregara su adhesión a la Corte.
Las firmas de los “excluidos” no son validadas porque son de aquellos que no votaron en dos elecciones consecutivas.
A los menores al momento de firmar, aunque hayan tramitado la credencial cívica porque para las próximas elecciones ya tendrán 18 años, se les rechaza la firma.
Los “inhabilitados” son los que su firma es desestimada por la Corte, porque están presos o porque fueron declaradas incapaces.
Tampoco se valida la firma de quienes no se encuentran en el padrón electoral.
A los ciudadanos que firman más de una vez (“múltiples”) se les cuenta solo una de las adhesiones. La categoría “datos incompletos” se asigna a aquellas papeletas que les falta el nombre y apellido y/o número de credencial, por lo que se las separa para ser procesadas por funcionarios de la Corte.
Las pendientes de “resolución de supervisores” son las firmas no resueltas por los técnicos, que pasan a una comisión de supervisores.
Las firmas que están para cotejar son las que pertenecen, por ejemplo, a personas cuya huella digitalizada no es tan precisa porque fue impresa en un papel muy viejo, por lo que se necesita recurrir a la versión original. Por último, las papeletas a ser rastreadas son las que generan dudas de cómo deben ser leídas las letras de la credencial (por ejemplo: cuando las letras son “BVA” y se confunden con “BUA”).