21% de los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Guyana han sido víctimas de esclavitud moderna y abuso laboral, de acuerdo con un nuevo informe publicado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
El estudio, titulado Formas de esclavitud moderna y su impacto en las personas migrantes forzadas y refugiadas venezolanas, fue realizado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, bajo dirección de la abogada y profesora Eumelis Moya.
Una encuesta realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a 4.600 venezolanos en los países antes mencionados, reveló que 21% fue obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración, o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron de Venezuela. De este grupo, 2% fue obligado a trabajar.
«Se tiene información de personas venezolanas que han sido llevadas al exterior; los tratantes emplean las redes sociales (Facebook, Instagram) como vía de captación, contactan directamente a las víctimas y les ofrecen empleos como cuidadoras, de atención al cliente, aprender idiomas y cursar estudios en el extranjero», señaló el documento de la UCAB.
El CDH-UCAB ha registrado casos de mujeres que por cuenta propia o bajo engaño han sido trasladas a Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil.
«En Trinidad y Tobago la mayoría de las víctimas han sido captadas mediante ofertas engañosas de empleo, y una vez que llegan al destino, son obligadas a prostituirse. En junio de 2021 se conoció que, una vez las víctimas se encuentran en Trinidad y Tobago, deben pagar hasta 2.000 dólares por su libertad a los líderes de las bandas organizadas de trata», indicó el informe.
En el caso de los migrantes y refugiados venezolanos que van rumbo a Brasil, el estudio comprobó que existen redes de trata que captan a estas personas con fines de explotación.
«Los medios utilizados para la captación consisten en ofrecer servicios de transporte y ubicación en este país», advirtió la organización.
«En Colombia, Ecuador y Perú, se cuenta con reportes que informan que migrantes venezolanas conformadas por mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, han tenido que recurrir a relaciones sexuales transaccionales, mientras que en Colombia se han identificado a madres que empujan a sus hijas a realizar estas prácticas y hombres y adolescentes que se dedican al contrabando de combustible y de drogas», precisó.
En el Norte de Santander se determinó que 90% de las trabajadoras sexuales son de nacionalidad venezolana. En Bucaramanga, por su parte, fue denunciada la existencia de una red de alquiler de niños venezolanos que son utilizados para pedir limosnas en las calles.