Organizaciones que trabajan con migrantes en México están tomando medidas ante posibles deportaciones anunciadas por Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.
Aunque el gobierno mexicano no ha detallado un plan concreto frente a esta situación, los albergues en la frontera norte del país se están organizando para recibir a los deportados, facilitar su reintegración laboral y documentar posibles abusos en ambos lados de la frontera.
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Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, un albergue en Monterrey, informó al medio Voz de América que representantes de 28 albergues de la zona norte, muchos de ellos vinculados a la Iglesia católica, se reunieron en Nuevo León para definir estrategias.
Según Zavala, la prioridad es transformar la función de los albergues, que históricamente han asistido a quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos, para también apoyar a quienes son deportados.
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Entre las iniciativas acordadas destaca la conexión de los deportados con fábricas y empresas locales para ofrecerles empleo de manera inmediata. En este contexto, Nuevo León, un estado de fuerte actividad industrial, se perfila como un punto estratégico para la inserción laboral de los afectados.
Zavala recordó experiencias previas en Tijuana, ciudad que durante décadas ha recibido deportados y adaptado sus recursos para atender las nuevas necesidades.