El presidente de Colombia, Iván Duque, promulgó en marzo del año pasado el Estatuto Temporal de Protección para migrantes de origen venezolano. La medida, excepcional en la región en medio del éxodo de personas que escapan del régimen de Nicolás Maduro, permite a aquellos que que se acojan un periodo de 10 años para adquirir una visa de residente.
La iniciativa fue aplaudida por organismos internacionales y otros países, que consideraron que Duque marcaba con el camino a seguir. En el interior del país, sin embargo, la visión es diferente. Poco más de un año después de su aprobación, una encuesta realizada por 40dB para EL PAÍS muestra que una mayoría (52,5%) de la ciudadanía colombiana está en contra de esta medida. Un 42,4% se muestra de acuerdo (con apenas un 12,9% que señala un apoyo fuerte).
La sociedad colombiana se mantiene dividida respecto a las facilidades que el país debería dar a los migrantes en general (no solo venezolanos). Un 48,3% está bastante o muy de acuerdo con permitir reunificaciones familiares, frente a un 47,2% que no. Algunos más considerarían apropiado que puedan acceder a los mismos derechos y beneficios (54%) o a un puesto de trabajo (58%) que los nativos. Pero en todos los casos alrededor de cuatro de cada 10 apoyan poco o nada estas aproximaciones y en ninguno llega al 20% los que las apoyarían “mucho”.
Esta polarización en torno a la cuestión migrante se ha agudizado profundamente en los últimos años. Entre 2017 y 2021 Colombia pasó de albergar a menos de 100.000 ciudadanos venezolanos a más de millón y medio. En este tiempo, la opinión del colombiano medio sobre los recién llegados pasó de ser tibia o indecisa a escalar hasta más del 60% de desaprobación, según la encuesta bimensual de Invamer.
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