En febrero de 2021, Esther Monday llegó a Islandia tras una larga travesía que inició en Nigeria y la cual se mantuvo por cuatro años, en medio de un sufrimiento el cual pareció terminar tras aterrizar en la nación europea, sin embargo, esa ilusión se disipó.
“Pensé que mi infierno había terminado, pero no. En dos horas perdí todo lo que tenía”, dice a El País. Esta mujer de 24 años vive en la calle, en la capital, Reikiavik, y es una de las afectadas por los cambios en la ley de inmigración aprobada en marzo por el Parlamento, que entró en vigor a finales de junio. El texto prevé que los solicitantes de asilo pierdan todos los derechos —desde la vivienda hasta la asistencia médica— 30 días después de recibir una respuesta negativa a su petición. La medida, que ha sido criticada por organizaciones humanitarias, ya ha dejado desprotegidas a 53 personas, entre ellos Esther, según cifras publicadas por organizaciones y prensa local islandesa. Una decena ha aceptado una repatriación voluntaria y el resto se encuentra sin techo a las afueras de la capital.
Tras salir de Nigeria, Esther pasó por Chad y Libia antes de llegar a Italia. “Pensé que sería fácil encontrar trabajo y alojamiento, pero no fue así. Me vendieron como un animal. Me dijeron que iba a trabajar de niñera y, en lugar de eso, me encontré en un cobertizo a las afueras de Milán, con decenas de otras chicas”, recuerda la joven, explicando que durante dos años tuvo que acostarse con hasta 15 hombres por día y entregar todo el dinero que ganaba a quienes la habían “comprado”. “Logré escapar y vine a Islandia para recibir protección, pero ahora me envían de regreso a Italia, con la gente que me explotó y violó. Estoy muy cansada, no tengo adónde ir… A los 24 años creo que, tal vez, ahora sí, mi vida se acabó”, asegura.
Según Magnus Nordhal, abogado que sigue los casos de varios refugiados cuyas solicitudes han sido denegadas, entre ellos Esther, las autoridades “han optado por complicar la vida de los solicitantes de asilo en Islandia, perdiendo de vista la realidad y el aspecto humanitario de la cuestión”. “El 80% de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes son rechazadas permanecen en el país, sin derechos y viviendo en la calle. Sufren los efectos de una ley sin sentido y se ven obligados a permanecer en un limbo sin fin. Estas personas no gozan del estatus de refugiados, no pueden trabajar legalmente y no son deportados: solo pueden intentar sobrevivir, sin ningún derecho”, describe el letrado.
Con información de El País