A partir del próximo 02 de octubre, entraría en vigor el aumento de las tarifas de distintos trámites del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
A pesar de que la suspensión de la deportación iba a registrar un incremento del 535% pero, por ahora, las tarifas seguirán siendo las mismas.
Sin embargo, un juez federal decidió bloquear el el aumento de tarifas de diferentes trámites migratorios del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que iba a entrar en vigor el viernes 2 de octubre.
Las tarifas seguirán siendo las mismas.
Jeffrey White, Jefe de Distrito en Oakland, California, aseguró que los dos últimos jefes del Departamento de Seguridad Nacional probablemente fueron nombrados ilegalmente.
White halló que Kevin McAleenan se vio indebidamente catapultado al cargo de secretario interino cuando Kirstjen Nielsen renunció en abril de 2019.
También señaló que no estaba justificado el ascenso de Chad Wolf, quien se convirtió en el secretario interino tras la renuncia de McAleenan en noviembre de 2019.
White, nombrado por el expresidente George W. Bush, también bloqueó el aumento de tarifas alegando que el Gobierno de Donald Trump probablemente no justificó su decisión como exige la legislación federal.
Nuevas tarifas
El pasado 31 de julio USCIS anunció que aplicará a partir del 2 de octubre un incremento promedio de 20% en sus tarifas, pero que en algunos casos llega a 535 %. La agencia justificó las alzas para financiar sus operaciones.
Uno de los procesos más afectados con el nuevo incremento sería el proceso de naturalización, que pasaría de 640 a 1,170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos.
La suspensión de la deportación pasaría de 285 a 1,525 dólares, lo que representa un aumento del 535%.
Las aplicaciones para permisos de trabajo aumentaría de 410 a 550 dólares, es decir, un 34%.
Los solicitantes de asilo, que no pagan cuota al ser financiada por el resto de trámites por razones humanitarias, iba a costar por primera vez 50 dólares.
Además de los aumentos, la regla eliminaba la mayoría de las exenciones de pago para los inmigrantes de bajos ingresos que califican.
«Con la nueva regla de tarifas, la Administración Trump ha demostrado su voluntad de ignorar el estado de derecho en la búsqueda de su agenda antiinmigrante y xenófoba», advirtió Melissa Rodgers, directora de programas del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), con sede en San Francisco.