El gobierno del presidente brasileño Lula da Silva anunció este martes que intensificará la lucha contra la minería ilegal y mantendrá presencia permanente de fuerzas de seguridad en el estado de Roraima para proteger el territorio indígena yanomami.
Tan extenso como Portugal, el territorio de los yanomami se encuentra en una situación crítica desde hace años, debido a las invasiones de los buscadores de oro.
Los indígenas los acusan de violar y asesinar a miembros de su comunidad, mientras los privan de uno de sus principales medios de subsistencia, la pesca, al contaminar los ríos con mercurio.
El jefe de gabinete de Lula, Rui Costa, comunicó que el gobierno prevé destinar en 2024 cerca de 250 millones de dólares en acciones para «protección y seguridad» del pueblo yanomami, mediante un plan que será presentado «en 30 días».
«Vamos a migrar de acciones de emergencia a acciones estructurales (..). El Estado brasileño tendrá una nueva estructura permanente en la región, una redefinición de la ocupación de las fuerzas armadas y de la policía federal», anunció Costa, tras una reunión en el Palacio presidencial de Planalto liderada por Lula que contó con la presencia de 14 ministros.
El gobierno pretende instalar una «casa de gobierno» en Roraima, que concentrará representantes de órganos federales para adoptar medidas tendientes a «retomar el modo de vida» y asegurar la «protección de los indígenas».
Las Fuerzas Armadas de Brasil se desplegaron para desalojar a los mineros en febrero del año pasado, pero muchas minas ilegales siguieron en funcionamiento.
Según un balance de los organismos federales, en 2023 hubo 400 operaciones contra los grupos ilegales que dejaron un saldo de 600 millones de reales -unos 120 millones de dólares- aprehendidos.
El mandatario izquierdista, en tanto, prometió este martes un «combate muy serio» contra el delito en áreas indígenas.
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«Vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor, utilizar todo el poder de la máquina publica, porque no es posible que podamos perder una guerra contra la minería ilegal, los madereros ilegales, contra personas que están haciendo cosas contrarias a la ley», dijo Lula antes del comienzo en la reunión.
Poco después de haber iniciado su tercer gobierno, el 1 de enero de 2023, el gobierno declaró la emergencia sanitaria en la reserva indígena yanomami y se abrió una investigación por «genocidio», luego de la publicación de datos oficiales que reportaron la muerte en 2022 de un centenar de niños menores de cinco años, muchos por desnutrición.
Costa anunció que durante enero, febrero y marzo continuará el reparto de alimentos por parte de las fuerzas armadas en la región.
AFP