El pasado miércoles, la Policía de Bolivia arrestó a dos dirigentes sindicales afines al ex presidente Evo Morales, Humberto Claros y Ramiro Cucho, quienes lideraron los bloqueos realizados entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre.
Las protestas fueron organizadas en rechazo al gobierno de Luis Arce y en apoyo a Morales.
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Luego de la detención varios diputados y senadores alineados con el presidente Arce pidieron investigar la procedencia de los fondos utilizados para financiar las movilizaciones. “Creemos que pudo haber llegado dinero de Venezuela y eso nos afecta”, declaró la senadora Virginia Velasco a medios en La Paz.
Entre los indicios que sustentan esta teoría, se destacó que durante las protestas se informó sobre el uso de vehículos pertenecientes a la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por parte de Morales.
La Procuraduría General del Estado (PGE) acusó a los dirigentes de terrorismo, financiamiento del terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, y había solicitado sus capturas el pasado 6 de noviembre.
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Tras la noticia de las detenciones, Morales se pronunció en redes sociales y expresó que “con este tipo de acciones al margen de la ley, buscan disciplinar y acallar al pueblo que sufre la inflación, la escasez de combustibles y la falta de movimiento económico”.
El ex mandatario calificó la aprehensión de los líderes sindicales como un “secuestro” y sostuvo que “a través de la manipulación de la justicia se pretende someter a la sociedad para que acepte en silencio la situación económica actual”.