Los chilenos comenzaron a votar este domingo en un plebiscito si mantienen la criticada Constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet o escogen un nuevo texto aún más conservador, lejos de la efervescencia con la que hace cuatro años se abrió este proceso.
Las mesas de votación abrieron en todo el país a las 08H00 locales (11HGMT), para funcionar por ocho horas. La elección es con voto obligatorio y se anticipa un rápido conteo de los sufragios.
Más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar «a favor» o «en contra» de una propuesta de Constitución redactada por un órgano dominado por el ultraconservador Partido Republicano.
El texto disminuye el peso del Estado, podría limitar algunos derechos, como el aborto terapéutico, y endurece el trato a los migrantes con la expulsión «en el menor tiempo posible» de quienes estén en situación irregular.
Las encuestas, que no pueden divulgarse desde dos semanas antes de la elección, anticipan un triunfo de la opción «en contra», aunque con un porcentaje de indecisos de dos dígitos que podría inclinar la balanza.
Todo, ante un bajísimo interés de la población.
«No me interesa mucho la elección. Voy a votar porque es obligatorio, pero sé que no va a terminar en nada, va a terminar todo igual», dice a la AFP Paula, técnico en enfermería de 24 años.
– Agotamiento constitucional –
En noviembre de 2020, un 80% de los chilenos decidió iniciar un proceso para cambiar la Constitución vigente desde la dictadura (1973-1990) como respuesta a las masivas y violentas protestas que estallaron en octubre de 2019.
Una Asamblea Constituyente dominada por la izquierda redactó un texto progresista, que incluía transformaciones profundas, como la eliminación del Senado y el derecho al aborto, pero que terminó ahuyentando a los electores, que lo rechazaron por un 62%.
Se inició otro proceso liderado ahora por el Partido Republicano, que redactó un texto bajo su ideario y sin tampoco llegar a un consenso.
«Hay un agotamiento de la ciudadanía respecto del proceso constitucional, donde ni en el primer proceso como en este no se llegó a un consenso respecto a lo que se quería», dice a la AFP Carolina Lefort, una abogada de 42 años.
«Es llamativo que esto esté pasado en Chile, un país en el contexto latinoamericano reconocido por una buena clase política, abierta, tolerante, de diálogo y siempre buscando acuerdos y consensos», plantea Michael Shifter, expresidente del centro de estudios Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown.
Ese agotamiento y hartazgo se vivió en las calles, donde la campaña apenas fue perceptible. Los cierres de esta semana fueron muy pequeños.
– Otro Chile –
El aumento de los delitos violentos -que los chilenos asocian a la llegada de migrantes extranjeros, en su mayoritaria venezolanos- y una economía que no despega tras un fuerte ajuste destinado a contener la inflación, concentran ahora la atención de la población.
Cuatro años después de salir a las calles para reclamar mayor justicia social, los habitantes ahora quieren más policías, orden y seguridad.
«Es otro Chile. El país ha cambiado de manera dramática (…) y de cierta forma se ha vuelto un país más latinoamericano. Los chilenos se consideraron siempre como una excepción, un país más europeo y no como sus vecinos, y ahora se parecen un poco más a ellos», agrega Shifter.
– Volver al punto de partida –
Aunque reformada varias veces en democracia, el cambio de la Constitución de Pinochet era una vieja aspiración de la izquierda chilena, que apunta a su origen ilegítimo y la escasa protección que establece de derechos sociales como salud, vivienda, pensiones y educación.
Pero frente a una propuesta todavía más conservadora, los partidos de la izquierda chilena llamaron a votar «en contra». El «mal menor» ante un texto que profundiza aún más el modelo neoliberal.
«Prefiero volver al punto de partida, que tampoco es 100% la Constitución de la dictadura, antes de tener un mal texto que perjudica a todos los chilenos y que nos divide profundamente», dijo Carolina Leitao, vocera de la campaña por el «en contra».
AFP