La Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con las FARC en Colombia, presentó este martes un crudo y extenso informe sobre los horrores cometidos por guerrilleros, paramilitares y agentes estatales a lo largo de seis décadas de conflicto interno.
En un teatro de Bogotá, el sacerdote Francisco de Roux, que preside la Comisión desde su creación en 2017, presentó el documento de 896 páginas, resultado «del diálogo social y la investigación» sobre el prolongado enfrentamiento.
Al menos 14.000 víctimas de las guerrillas izquierdistas, los paramilitares de ultraderecha y los agentes estatales fueron escuchadas por la Comisión de carácter extrajudicial, y cuyas recomendaciones no son vinculantes.
El mandatario saliente Iván Duque, férreo crítico de la negociación con los rebeldes, no asistió al acto y envió a un delegado de su gobierno.
Con este informe, apoyado por Naciones Unidas y la Iglesia católica, «hacemos una llamada a la sociedad, al Estado y la comunidad internacional» para la no repetición del conflicto, añadió De Roux.
Desapariciones forzadas, actos de violencia sexual, masacres y torturas son algunos de los horrores retratados en el informe que concluye que los colombianos sufren de «traumas colectivos» que pasan «de una generación a otra durante décadas».
La Comisión de la Verdad es una de las entidades que conforma el sistema de reparación de las víctimas surgido del pacto de paz de 2016, junto a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), el tribunal que investiga y castiga los peores delitos, y una unidad de búsqueda de desaparecidos.
El informe «No hay futuro si no hay verdad» se publicará por capítulos durante los próximos dos meses, cuando la Comisión dejará de existir.
Al menos nueve millones de víctimas entre desplazados (8,2 millones), asesinados (1 millón) y desparecidos (109.000) han sido registradas oficialmente en Colombia.
– Recomendaciones –
Durante el acto, el sacerdote jesuita entregó al presidente electo, el izquierdista Gustavo Petro, 19 recomendaciones para garantizar el cumplimento de acuerdo que desarmó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Entre ellas, adelantar un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla reconocida del país; «acabar con la corrupción en todos los niveles» y asegurar las condiciones laborales y de vida digna para los campesinos.
Acompañado de su vicepresidenta Francia Márquez, una ambientalista afro que sufrió el conflicto en carne propia, Petro se comprometió a atender estas recomendaciones, convencido de que «se volverán eficaces en la historia de Colombia».
«Hay expectativas de paz, de una paz grande, la paz integral, la posibilidad de pasar a una era de paz», añadió el exguerrillero del M-19 que dejó las armas en 1990 para hacer política en democracia.
Aunque al inicio de su mandato, Duque (2018-2022) criticó al sistema de paz por considerarlo demasiado laxo con los antiguos rebeldes, terminó por apoyarlo de cara a la comunidad internacional.
Sectores de la derecha han sido críticos de la Comisión al considerarla sesgada contra las Fuerzas Militares. Según el informe, miembros de la fuerza pública se aliaron con narcotraficantes y paramilitares «cuyo fin era acumular poder y dinero».
A seis años de la firma de la paz, la JEP imputó a la cúpula de las FARC por miles de secuestros y a mandos del ejército por ejecución de civiles. Sus magistrados dictarán sentencias este año.
Pese al acuerdo con la otrora guerrilla más grande América, varios grupos armados que se financian del narcotráfico y otros negocios ilegales siguen activos en Colombia.
AFP.