La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que visitará Colombia la próxima semana para evaluar la situación en el país, sacudido desde hace más de un mes por masivas protestas que dejan decenas de muertos y han generado alarma internacional.
«La CIDH anuncia que realizará la visita de trabajo a Colombia del 8 al 10 de junio para observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril», dijo el lunes en Twitter.
La Comisión con sede en Washington, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), agradeció la invitación del gobierno de Iván Duque «y su aceptación de las fechas propuestas».
«Durante la visita, la CIDH se reunirá con diversos sectores representativos de Colombia, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios», tuiteó.
«En particular, la CIDH buscará escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones; así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto», agregó.
El estallido social en Colombia, originado tras un proyecto de reforma fiscal que el gobierno de Duque ya retiró, deja al menos 59 muertos, entre ellos dos uniformados, más de 2.300 heridos y 111 desaparecidos, mientras persisten 68 cortes de ruta que afectan en especial el suroeste del país, según información oficial.
La CIDH había solicitado el 14 de mayo la anuencia del gobierno de Duque para evaluar «in situ» la situación de derechos humanos en Colombia.
La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, de visita la semana pasada en Washington, dijo que correspondía esperar a que los organismos colombianos completaran sus propias investigaciones.
Tras reunirse con autoridades de la CIDH, Ramírez invitó a la Comisión a viajar a Colombia al cabo de una audiencia pública de oficio sobre la situación en Colombia, prevista para el 29 de junio.
La CIDH reiteró entonces que la visita debía ser «a la brevedad posible» y condenó las «graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas».
La Comisión dijo que según información del gobierno de Duque, hasta el 25 de mayo unos 1,5 millones de personas participaron en más de 9.600 manifestaciones en 794 de los 1.103 municipios de Colombia.
En al menos 1.000 de esas manifestaciones «se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza», dijo la CIDH, que también condenó los «graves desmanes» y «actos vandálicos» realizados por «presuntos grupos de manifestantes».
Apuntó que Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo eran las ciudades más afectadas por la violencia, que tenía especial impacto en indígenas, mujeres y afrodescendientes. También consideró «alarmante» el reporte de personas sin localizar.
El gobierno de Duque dio cuenta entonces de 144 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias de funcionarios policiales, y subrayó las «múltiples afectaciones» de los bloqueos de rutas, sobre todo en la producción y distribución de alimentos.
Sin embargo, la CIDH remarcó al Estado colombiano que «es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana», para «no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica».
«Cuando la eventual perturbación a la vida cotidiana en el seno de las protestas se extienda en el tiempo y escale a punto de comprometer la garantía de otros derechos como el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la fuerza como último recurso», indicó.
No obstante, la CIDH condenó «categóricamente» las «decenas de ataques a ambulancias y misiones médicas» durante las protestas, algo denunciado por el gobierno de Duque.
Colombia debe «atender las causas de las protestas sociales», respetar los derechos humanos de los manifestantes, e investigar y juzgar «diligentemente» todas las violaciones denunciadas, dijo la Comisión.
Con información de AFP