La Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, a través de la presente comunicado, envía una alerta a la Organización de Estados Americano (OEA), al Grupo de Lima, la Unión Europea y a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por los recientes allanamientos que han realizado organismos de seguridad de la dictadura de Nicolás Maduro a residencias de embajadores designados por el presidente (E) Juan Guaidó y defensores de Derechos Humanos del país.
Acciones como éstas constituyen una grave violación a los Derechos Humanos y a la propiedad privada, al mismo tiempo en el que contradicen los principios de la Constitución de Venezuela y los acuerdos internacionales firmados por la República en esta materia. Por tal motivo, hacemos un llamado a todos los países y organizaciones a pronunciarse sobre el tema y a que sigan con atención estos nuevos atropellos generados por el régimen usurpador de Maduro.
El Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores del país, Julio Borges, ha manifestado la preocupación por esta acción recurrente por parte de quienes usurpan el poder en Venezuela. A juicio del canciller Borges se trata de una maniobra desesperada para tratar de tapar las graves denuncias sobre la complicidad del régimen venezolano con organizaciones narcoterroristas que buscan desestabilizar la región.
La persecución y criminalización de quienes ejercen actividad política y defensa de DDHH no puede ser tolerada por la comunidad internacional; se trata de una premisa que lesiona gravemente los principios y valores de la libertad por los que tanto ha luchado la humanidad.