Autoridades hondureñas destruyeron el lunes cientos de armas, incluyendo fusiles, pistolas y revólveres, decomisados en los últimos quince días a pandilleros en cinco de las principales cárceles del país.
En la sede de la Policía Militar de Orden Público(PMOP), al sur de Tegucigalpa, efectivos militares destruyeron las armas en una máquina cortadora. También hicieron explosionar 24 granadas y otros explosivos en agujeros en la tierra.
La PMOP dio una lista de lo decomisado, cerca de 40 fusiles AR-15, AK-47 y Uzi, entre otros, 222 pistolas y revólveres, unos 240 cargadores, 23.860 proyectiles de diferentes calibres, sistemas de comunicación, televisores, equipos de sonido, juegos de video y dinero en efectivo, entre cientos de otros objetos prohibidos.
El comandante de la PMOP, coronel Ramiro Fernando Muñoz, dijo que es «un inicio de todo el proceso» para pacificar las cárceles, que durará todo el año.
«La misión de la PMOP, siguiendo las órdenes de la presidenta [Xiomara] Castro, es desmontar estar escuelas del crimen», dijo durante la ceremonia el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
«Desde estos centros penales salían llamadas para extorsionar, secuestrar, asesinar gente, sicariato», denunció.
Las operaciones empezaron el 26 de junio por órdenes de la presidenta Castro, una semana después de que en la cárcel de mujeres -ubicada en la zona de Támara, norte de Tegucigalpa- reclusas de la pandilla Barrio 18 salieron de su módulo e irrumpieron en el que estaban las rivales de la MS-13. Las atacaron a tiros y prendieron fuego al centro con un saldo de 46 fallecidas.
Castro ordenó que la PMOP tome el «control de los 21 centros penales del país».
Al iniciar el despliegue, el comandante Muñoz, denunció que las armas fueron ingresadas a las prisiones por los pandilleros pagando sobornos a los custodios.
En los últimos 20 años se registraron más de 1.000 muertos en las cárceles de Honduras, según el estatal Comisionado de Derechos Humanos. La peor tragedia ocurrió en Comayagua, centro del país, donde en un incendio perecieron 362 personas en 2012.
AFP