Desde las históricas protestas del 11 de julio en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel dialoga con sectores sociales, pero hay voces que reclaman que ese proceso sea mucho más amplio para poder conseguir un consenso nacional.
Estudiantes, jóvenes, artistas, periodistas, evangélicos, masones, santeros, científicos, agricultores, fueron invitados por separado a encuentros en los cuales el gobernante comunista escuchó más que habló.
Del 11J, cuando miles de personas protestaron en unas 50 ciudades cubanas -una movilización inédita desde la revolución de 1959 -, hay que lamentar «que la prensa cubana no cubrió lo que sucedió en la calle» y las imágenes y los relatos los hicieron «otros», le reclamó en uno de esos encuentros la periodista Cristina Escobar, de la TV estatal.
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«Hay una Cuba no contada en los medios de comunicación (…) una Cuba postergada, preterida, al margen de los beneficios de la revolución, que está en los barrios», añadió.
En otro de esos intercambios, una estudiante de turismo se quejó ante el presidente de la falta de «sensibilidad» de dirigentes intermedios que desoyen demandas populares y «maltratan» a los que buscan soluciones a sus problemas.
Dos meses después, aún permanecen en prisión 505 manifestantes, según la ONG de defensa de derechos humanos Cubalex (no hay cifras oficiales). Sólo seis decenas han sido juzgados y condenados a penas de ocho meses a un año, y otros liberados.
– «Fractura del pacto social» –
Cuba acusa a Washington de estar detrás de las protestas, pero tras lo sucedido hay también que «hacer análisis objetivos, enfrentar lo que tengamos que enfrentar (y) tiene que haber críticas», admitió Díaz-Canel.
El proceso cubano es simultáneo con el diálogo que sostiene su aliado venezolano Nicolás Maduro con la oposición en México, pero en Cuba las autoridades no reconocen una disidencia legal y la consideran «mercenaria» de Washington, que mantiene un embargo a la isla desde 1962.
Cualquier cambio o negociación en Cuba, desde su independencia en 1902, se ha hecho mirando a Estados Unidos.
Esta vez, un eventual consenso político tendría que apuntalar «que el problema es de los cubanos y debe ser resuelto por nosotros, sin injerencia extranjera», dijo a AFP la académica e historiadora Ivette García, en momentos en que el Departamento de Estado convocó a los cubanos en Twitter a que «levanten sus voces en apoyo a (los) presos políticos».
Y lo que está sobre la mesa es mucho más que una crisis económica agudizada por la pandemia y el embargo: es una reforma económica y política que separe a Cuba del modelo soviético.
No se trata «de un problema específico o una figura, se trata de una crisis sistémica, una fractura del pacto social, cuya solución no está en reproducir métodos tradicionales que siempre han dejado fuera a una parte de la ciudadanía», sostiene García.
«El país requiere un nuevo contrato social, un nuevo proyecto de país más inclusivo y democrático», subraya.
– Dialogar «desde la Revolución» –
«Lo que estamos viendo son efectivamente canales de diálogo que están siendo desarrollados por distintos actores cubanos», reconoce por su parte el jurista, académico y ensayista Julio César Guanche.
Pero es necesario que se amplíen a «sectores que presenten realmente diferencia con la política estatal cubana», añadió.
El reclamo de un diálogo nacional es sostenido por un amplio sector de la intelectualidad, pero no se acepta en «sectores oficiales cubanos porque entienden que la nación ya está representada», opina Guanche.
El pasado día 11, dos meses después de las protestas, el diario oficial Granma respondió: «aquí hay mucho que dialogar, desde, por y para la Revolución» y desde «el combate a los arrendados del imperio», en referencia a la oposición.
«Un diálogo, para ser diálogo debe ser entre iguales y no hay igualdad política posible sin redistribución de poder», afirma Guanche, pues no se trata de solo escuchar las quejas y reclamos de esos sectores.
No obstante, el gobernante Partido Comunista, el partido único de Cuba, no parece dispuesto a compartir el poder, aceptando otros actores políticos.
En este contexto han surgido iniciativas como «Archipiélago», una plataforma plural en las redes sociales que busca un debate amplio para impulsar cambios democráticos y que cuenta con más de 20.000 miembros.
Como otros grupos demanda la libertad de presos políticos y detenidos, propugna un referendo o un plebiscito para cambios políticos y el derecho a manifestarse pública y legalmente.
Pero «las autoridades han intentado desacreditar al grupo en el ciberespacio, así como a través de mensajes que buscan desestimular y generar caos y desconfianza», lamenta su líder, el dramaturgo Yunior García, a la AFP.
Con información de AFP