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Dictadura cubana presentó nuevo proyecto de ley de ciudadanía +DETALLES

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Cortesía: Juancho Torres / ANADOLU / Anadolu via AFP

El régimen cubano ha presentado su nuevo proyecto de ley de ciudadanía, que contempla modificaciones sustanciales, como la opción de renunciar a la nacionalidad cubana y la autoridad del gobierno para anular la ciudadanía de personas bajo ciertos criterios.

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El documento no satisface las expectativas de muchos exiliados: la nueva ley no permitirá a los cubanos entrar a la isla con una segunda nacionalidad, reseñó Telemundo 51 en su sitio web. 

Al referirse a la “Ciudadanía Efectiva”, la dictadura aclara: “La adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana; los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en el territorio nacional, se rigen por esa condición”.

El proyecto establece los requisitos para renunciar a la ciudadanía cubana. Incluyen ser mayor de 18 años, tener otra ciudadanía, estar en el extranjero, no tener deudas con el Estado cubano y no estar cumpliendo una sentencia penal.

“Creo que lo más complicado es un requerimiento de deudas que se puedan mantener con el Estado cubano. No solo son deudas de orden fiscal. Pueden ser deudas en relación a delitos. La renuncia a la ciudadanía se hará efectiva solo cuando las autoridades cubanas la acepten”, comentó Eloy Viera, abogado cubano, autor colaborador de la Revista El Toque.

A quienes renuncien a la ciudadanía se podrían recuperarla después de cinco años si lo piden. No obstante, el Artículo 3 del proyecto concede al régimen la facultad de despojar de la ciudadanía a individuos acusados de diversos crímenes, como «poner en peligro la integridad territorial del Estado cubano».

“Ellos no reconocen la existencia de una nacionalidad cubana. Solo reconocen el poder del Partido Comunista de Cuba y se sienten con la autoridad de definir la nacionalidad según lo establecido por el comunismo”, apuntó Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano en el exilio.

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“Deja el banderín abierto para que una sola persona pueda determinar cuándo priva de la ciudadanía a cualquiera. Sin un resorte, sin un mecanismo legal que pueda utilizarse para combatir una decisión de ese tipo. Y eso es muy peligroso porque ya hoy tenemos listas de terroristas”, sostiene Viera.