Cientos de empresas brasileñas y grupos ambientalistas instaron al presidente Joe Biden a cumplir las promesas climáticas de Estados Unidos antes de que el Congreso en Washington debata el jueves un proyecto de ley para lanzar un fondo de $ 9.000 millones de combate a la deforestación.
El llamado proyecto AMAZON21, que proporcionaría fondos para ayudar a los países en desarrollo a proteger sus selvas, «supondría una señal importante del compromiso del presidente Biden y el Congreso de Estados Unidos en el combate al cambio climático, al atacar una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero», sostiene la carta.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU celebrará audiencias el jueves para analizar el proyecto presentado por los demócratas luego que Biden prometiera en la cumbre climática de la ONU en Glasgow en noviembre pasado desbloquear esa suma para financiar proyectos contra la deforestación.
Brasil, que detenta alrededor del 60% de la selva amazónica, es un actor clave en la batalla para detener el avance de la deforestación a nivel planetario, que está acelerando el calentamiento global al convertir su potencial de absorción de carbono a fuentes de emisión.
La carta, fechada el martes, destacó estudios recientes que revelan que más de las tres cuartas partes de la Amazonía vienen perdiendo su resistencia desde el comienzo de este siglo, y que la selva tropical más grande del mundo se acerca a un «punto de inflexión».
El documento está firmado por 23 coaliciones que representan a más de 300 empresas y organizaciones, desde firmas de agronegocios acusadas de fomentar la deforestación (como el principal exportador frigorífico JBS y el exportador de soja Cargill, entre otras) hasta grupos ambientales y defensores de los derechos indígenas.
El gobierno brasileño argumenta desde hace tiempo que los países ricos deberían aportar financiación para que los menos desarrollados protejan sus floras y compensen la pérdida de ingresos por no explotar tierras.
La carta está dirigida a Biden; al secretario de Estado, Antony Blinken; a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y a otros altos miembros del Congreso.
Para que sea efectivo, señala el texto, el proyecto de ley necesita establecer un «sistema de financiamiento simple y transparente».
También debe establecer «reglas claras» para financiar proyectos que involucren al gobierno, al sector privado, universidades y organizaciones; asignar recursos en función de los resultados y priorizar fondos para los pueblos indígenas, entre otros.
AFP