La fiscalía española archivó su investigación sobre la muerte de al menos 23 migrantes africanos a finales de junio que intentaban entrar en el enclave de Melilla desde Marruecos, al no identificar indicios de delito en la actuación de los agentes españoles.
«La Fiscalía archiva las diligencias» sobre este drama que provocó la indignación internacional, al «no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes» de las fuerzas de seguridad españolas durante los hechos, anunció este viernes el Ministerio Público en un comunicado.
«No puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente», agrega la nota.
Según la fiscalía, «ninguno de los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento de la avalancha producida» en la valla que separa el enclave de Marruecos «y de sus fatídicas consecuencias, por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio».
De acuerdo con los elementos reunidos durante los seis meses de investigación, «la actuación de los migrantes» fue «en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles», subraya la fiscalía.
El Ministerio Público indica, sin embargo, que ha trasladado elementos a los responsables de las fuerzas de seguridad para eventuales sanciones disciplinarias contra los agentes que habrían lanzando piedras a los migrantes.
En su nota, la Fiscalía llama además a las autoridades españolas a «poner en marcha las medidas necesarias para garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo», y no se vean abocadas a tratar de cruzar la frontera de forma ilegal.
– «Matanza masiva» –
El 24 de junio, unos 2.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Sudán -un país muy pobre y minado por los conflictos-, intentaron entrar en Melilla, uno de los dos enclaves españoles en el norte de Marruecos.
El balance de 23 muertos, según Rabat, es el mayor jamás registrado durante cualquier tentativa de entrada de migrantes en Melilla o el otro enclave español, Ceuta, que son las dos únicas fronteras de la Unión Europea con el continente africano.
Este drama desató una ola de indignación internacional y la ONU denunció el «uso excesivo y letal de la fuerza» por parte de las autoridades marroquíes y españolas.
Amnistía Internacional calificó, de su lado, el drama de «matanza masiva» y acusó a Rabat y Madrid de tratar de esconder la verdad de los hechos.
«Algunas acciones de los agentes españoles y marroquíes (…) pueden constituir violaciones del derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos», expuso la ONG a mediados de diciembre.
Entre esas acciones estarían «golpear a personas que ya estaban inmovilizadas (…), negar asistencia médica de emergencia a las personas heridas (y) el uso reiterado de gas lacrimógeno contra personas que estaban en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar», detalló la ONG.
Tanto Amnistía, como expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elevaron el balance a al menos 37 fallecidos.
Varias oenegés acusaron también a las fuerzas del orden españolas de no haber ofrecido asistencia a los migrantes que se encontraban gravemente heridos.
Dos investigaciones publicadas en noviembre por la BBC y el consorcio europeo Lighthouse Reports, en las que participaron el diario español El País o el francés Le Monde, denunciaron igualmente la brutalidad de las fuerzas marroquíes y cuestionaron la acción de las españolas.
Ambas concluyeron que hubo al menos un migrante muerto en territorio español, algo negado tajantemente por el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El Defensor del Pueblo español, que investiga igualmente los hechos, consideró de su lado que las explicaciones del ministro no habían sido suficientes hasta ahora.
AFP.