Human Rights Watch (HRW) acusó este martes a las autoridades libanesas de negligencia criminal, de violación del derecho a la vida y de bloquear la investigación local sobre la devastadora explosión el 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut.
La oenegé recomienda la creación de una misión de investigación independiente de la ONU y sanciones internacionales contra los altos responsables libaneses.
La gigantesca explosión del 4 de agosto de 2020, que dejó 214 muertos y más de 6.500 heridos, fue provocada por un incendio en un depósito que almacenaba varios cientos de toneladas de amonio desde 2014.
En un informe de 126 páginas, la oenegé documentó los múltiples incumplimientos de las instancias políticas y de seguridad del país en la gestión de ese depósito de materiales peligrosos desde su llegada al puerto en 2013 hasta su explosión.
Decenas de responsables gubernamentales, de aduanas y responsables de seguridad locales que se encontraban al tanto de los peligros que se corrían, según la oenegé, están identificados en ese documento.
«Varias autoridades (…) demostraron negligencia criminal, según la ley libanesa, en la gestión del cargamento», resume el informe de HRW, que se basa en varias entrevistas y cientos de documentos de correspondencia oficial, algunos de los cuales nunca se hicieron públicos.
«Las pruebas sugieren con fuerza que algunos responsables gubernamentales eran concientes del riesgo de muerte que podía provocar la presencia de nitrato de amonio y tácitamente aceptaron ese riesgo», lamenta HRW.
La oenegé recomienda sanciones contra el conjunto de los individuos y entidades «implicados en esas violaciones continuas de los derechos humanos (…) y los esfuerzos para sabotear» la investigación local.
Un año después de la tragedia, ningún responsable ha sido llevado ante la justicia.
Con información de AFP