Un juez ordenó el viernes la detención del expresidente de El Salvador Alfredo Cristiani (1989-1994) por presuntos vínculos con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, cometido por el Ejército en 1989, durante la Guerra Civil, informó la Fiscalía.
La Fiscalía General de la República logró «que el Juzgado 3º de Paz de San Salvador decrete que los acusados en el caso Jesuitas pasen a la etapa de instrucción, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani y el exdiputado Rodolfo Parker, bajo la detención provisional», consignó en Twitter el ente de justicia. La orden también comprende a cuatro coroneles.
El exgobernante, quien se encuentra fuera del país, negó los cargos y arremetió contra el fiscal Rodolfo Delgado en un comunicado.
«El fiscal general, de mala fe y con claro desprecio a la verdad, me ha acusado públicamente de omisión y de encubrimiento. La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos», señaló Cristiani quien, en su calidad de presidente, era además comandante general de las Fuerzas Armadas.
Los militares «nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos», agregó.
Para el exgobernante, del que no se conoce su paradero, «en este momento no hay garantías procesales en El Salvador» debido a que «la mayor parte de magistrados, jueces y fiscales son impuestos y completamente serviles al poder presidencial».
-Múltiple crimen-
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl cometieron asesinatos en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y Celina, la hija de esta última.
La Fiscalía de El Salvador había presentado el 25 de febrero ante el tribunal un requerimiento contra Cristiani y un grupo de militares, por estar presuntamente involucrados en el asesinato.
Este viernes, también el juez ordenó la detención provisional de los coroneles Óscar León Linares, Nelson López, Joaquín Arnoldo Cerna e Inocente Orlando Montano. Este último purga una condena de 30 años de prisión en España por el múltiple crimen.
En el caso de los generales, Juan Rafael Bustillo, Rafael Larios y Juan Orlando Zepeda, así como los coroneles Manuel Antonio Rivas y Camilo Hernández, la sede judicial ordenó medidas alternativas a la detención por la condición de salud de los imputados.
Por haber fallecido fueron sobreseídos el general René Emilio Ponce y el coronel Francisco Elena Fuentes.
En septiembre de 1991, un tribunal de San Salvador juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios.
En ese juicio, solo el coronel Guillermo Alfredo Benavides fue declarado culpable de todos los asesinatos, y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de la menor Celina.
Ambos oficiales recobraron su libertad con una ley de amnistía de 1993, pero Benavides fue encarcelado nuevamente para completar su sentencia de 30 años, tras declararse prescrita la amnistía en 2016.
El 16 de enero de 1992 bajo la mediación de la ONU, el gobierno y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), firmaron los acuerdos de paz que abrieron el camino a la democracia.
La guerra civil, que se inició en 1980 en medio de injusticia social, el cierre de los espacios de participación política y la represión militar, dejó más de 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos y pérdidas millonarias a la economía.
AFP.