La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) pidió al Perú que «se abstenga» de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de liberar al expresidente Alberto Fujimori, informó una ONG que acompaña el caso.
Según la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Viviana Krsticevic, la Corte-IDH pidió evitar la liberación del exmandatario hasta resolver un recurso planteado por los familiares de las víctimas de matanzas ocurridas durante el gobierno de Fujimori, y por las que fue condenado a 25 años de prisión en 2009.
El 17 de marzo de este año, el Tribunal Constitucional de Perú avaló el hábeas corpus solicitado por Fujimori para restituir el indulto concedido por el gobierno en 2017 y anulado diez meses después.
El Cejil y otras oenegés, en representación de familiares de víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, solicitaron suspender la liberación, resaltando que «las víctimas no fueron informadas ni escuchadas», por lo que «no existe recurso alguno en el Perú que permita garantizar sus derechos».
Habitantes de dichas localidades fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, entre ellos homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, según revelan sentencias de la Corte-IDH del 2001 y 2006, respectivamente.
«Realizamos la solicitud de medidas provisionales a la Corte-IDH, ya que están dados los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad por la inminente liberación de Fujimori, y con ello, la extinción de sus deudas con la justicia peruana por los graves delitos que cometió», dijo el Cejil en un comunicado.
Sobre los casos de Barrios Altos y La Cantuta, la Corte-IDH había considerado a Perú responsable por la «violación a los derechos a la vida, integridad personal, las garantías y protección judicial, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)».
Fujimori fue detenido en Chile en el 2005. Dos años después fue extraditado a Perú, donde ha recibido cinco condenas.
AFP.