Familiares de personas que no pertenecen a las pandillas y fueron detenidas bajo el régimen de excepción que rige en El Salvador pidieron este lunes medidas alternas a la prisión para quienes padecen una enfermedad crónica o terminal.
«Solicitamos que reos que no son de grupos criminales y que padecen una enfermedad crónica o terminal se beneficien con medidas alternas a la detención», dijo a la AFP uno de los líderes del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), Samuel Ramírez.
Según Ramírez, «el objetivo» es «garantizar que sean atendidos en su salud, que reciban sus medicamentos a tiempo, aunque su proceso judicial continúe, pero estando fuera de una cárcel».
Este lunes poco menos de un centenar de familiares aglutinados en el Movir, marcharon en calles de San Salvador hasta una de las entradas del Congreso para hacer su petición.
El dirigente de Movir afirmó que desde que el gobierno impulsa una «guerra» contra las pandillas al amparo de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, poco más de 200 personas han muerto bajo custodia del Estado en circunstancias no esclarecidas.
Según asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos locales, hasta octubre también había 327 casos de desapariciones forzadas. Estas cifras no han sido confirmadas por las autoridades. Tampoco AFP ha podido corroborarlo por una vía independiente.
«Los que han tenido a un familiar que ha fallecido en las cárceles, nos han dicho que algunos han muerto porque (presuntamente) no recibieron una adecuada atención médica de su enfermedad y eso es lo que queremos se evite», remarcó Ramírez.
Al llegar al Congreso, la marcha de los miembros del Movir se topó con una alambrada de púas y tras ella un contingente de agentes antimotines de la policía que no les permitió el acceso al lugar.
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Dos diputadas salieron del recinto legislativo y recibieron la petición del Movir.
El seno legislativo es dominado por Nuevas Ideas, el partido que Nayib Bukele ayudó a formar y que ahora lo ha lanzado para buscar la reelección en los comicios del 4 de febrero.
El Salvador cerró 2023 con una tasa de homicidios de 2,4 por cada 100.000 habitantes, según el gobierno, lo que atribuye a la polémica guerra contra las pandillas que adelanta bajo el régimen de excepción.
Ese régimen, que es cuestionado por las organizaciones de derechos humanos porque permite detenciones sin orden judicial, ha llevado al arresto de más de 75.000 personas señaladas de pandilleros, de los que más de 7.000 debieron ser liberados por ser inocentes.
AFP