El caso de los cuatro menores asesinados en Las Malvinas, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados y con señales de tortura el 24 de diciembre, ha generado conmoción en Ecuador y el mundo.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Sudamérica exigió al Estado ecuatoriano investigar a fondo el crimen, enjuiciar a los responsables y tomar medidas para prevenir futuros actos de esta naturaleza.
#EsNoticia | “La investigación de este delito tan grave debe ser independiente, sin presiones políticas y exhaustiva, abordando las eventuales responsabilidades del mando”, sostuvo el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur… pic.twitter.com/yqojNefvpn
— EVTV (@EVTVMiami) January 5, 2025
Los menores, identificados como Steven Medina, Josué Arroyo, Ismael Arroyo y Saúl Arboleda, desaparecieron el 8 de diciembre en Guayaquil tras jugar un partido de fútbol. Según las primeras investigaciones, una patrulla militar los detuvo bajo sospecha de robo, acusación que posteriormente fue descartada por la Fiscalía por falta de pruebas.
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El 24 de diciembre, los cuerpos de los niños fueron hallados en un terreno cercano a una base militar aérea, a unos 40 kilómetros de donde habían sido detenidos. Las víctimas presentaban signos de tortura y habían sido incineradas, lo que dificultó su identificación inicial. Fue hasta el 31 de diciembre que, gracias a pruebas de ADN, las autoridades confirmaron sus identidades.
Ese mismo día, un juez en Guayaquil dictó prisión preventiva para 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, señalados como los principales sospechosos del crimen. Aunque las fuerzas armadas negaron inicialmente su implicación, videos de cámaras de seguridad revelaron que los menores fueron detenidos por militares uniformados y subidos a una camioneta.
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Jan Jarab, representante de la ONU para los Derechos Humanos en Sudamérica, expresó su consternación por el asesinato de los menores. «Estos hechos constituyen una grave violación de los derechos humanos», señaló, instalando al gobierno ecuatoriano a garantizar justicia y cumplir con los compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos del Niño.